De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

7 de septiembre de 2003

1) El punto final al perdón

1) El punto final al perdón

Por Cristian Ortega y Rodrigo Sepúlveda / Especial

El persistente reclamo de justicia y memoria que supieron llevar como estandarte las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, parece empezar a tener respuesta. El presidente Néstor Kirchner ha decidido ponerle plazo fijo a la seguidilla de artilugios legales y políticos que una y otra vez, desde 1983, impidieron el juzgamiento definitivo a los responsables de la más atroz represión de la historia del país, comenzada en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
La reciente anulación de las denominadas leyes del perdón, Ley de Punto Final (23.492, del 24 de diciembre de 1986) y Ley de Obediencia Debida (23.521, del 8 de junio de 1987), por parte del Congreso y la presión del Ejecutivo nacional para que la Corte Suprema las declare definitivamente inconstitucionales, indican que todo está encaminado para que los responsables de los delitos más cruentos de nuestra historia política reciente, sean juzgados.
Esta posibilidad, haría que entre 700 y 1.200 militares, casi todos retirados, deban pasar por tribunales ordinarios y responder ante las acusaciones de miles de argentinos que fueron castigados con la tortura, con la persecución o con el dolor de la pérdida de un familiar ultimado sin juicio justo y desaparecido de todo destino.
Kirchner se autodefine como un sobreviviente de una generación perdida. Y, por eso, parece tener la convicción de repasar el pasado.

La historia del Golpe

La madrugada del 24 de marzo de 1976, los militares argentinos, unidos bajo el mando de Jorge Rafael Videla, tomaron el control del país, inmerso en una gran crisis política e institucional por la incapacidad del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
El motivo para dar el golpe, más allá de la versión oficial de exterminar a la guerrilla, devolver la seguridad al país y tomar el timón que la clase política no supo ni pudo manejar, tuvo que ver con la idea de la elite más conservadora de la Argentina de imponer otro modelo de país: excluyente, desindustrializado y abierto al libre mercado, con un sesgo agroexportador.
Claro que para poder imponer semejante plan económico -que recién colapsó en diciembre del 2001-, debía destruir el tejido social que podría llegar a cuestionarlo desde las armas o, más peligroso aún, desde el razonamiento y el debate de ideas.
Fue así que el plan necesitaba de la mano dura de las Fuerzas Armadas para limpiar el camino y dejar actuar con tranquilidad (impunidad) al elegido como comandante del nuevo barco: José Alfredo Martínez de Hoz.
Por esto, las tácticas de terror de la Junta Militar fueron más allá de la persecución de las guerrillas. El sindicalismo, las universidades, activistas religiosos, progresistas y artistas fueron blancos prioritarios de la represión. Estas personas fueron torturadas en centros clandestinos de detención, sus cuerpos fueron cremados en cementerios, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes.
Mendoza, por supuesto, estuvo inmersa en esta lógica del terror y el saldo local de la dictadura es estremecedor: funcionaron unos 10 centros clandestinos de detención, hubo más de 250 detenidos por razones políticas y desaparecieron cerca de 200 personas.

La génesis

La década del 60 fue testigo del crecimiento de los servicios de inteligencia militar y de un aumento del macartismo castrense alentado por la Doctrina de la Seguridad Nacional. Junto con esto se instalaba también la idea, atractiva para algunos, de que la revolución cubana podía ser una alternativa.
La progresiva radicalización de un segmento importante de los estudiantes y trabajadores fue acompañada por un creciente cansancio del pueblo, así como de grandes sectores de las Fuerzas Armadas. Grupos guerrilleros marxistas (ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo) y peronistas (Montoneros) les disputaron a las Fuerzas Armadas el monopolio del poder. Todos estos factores desencadenaron el ejercicio de la violencia política.

En Mendoza

En septiembre del 74, se registraron en nuestra provincia tres grandes atentados con bombas incendiarias. Fueron víctimas de esto las agencias de autos Luján Williams, John A. Walker y Primo Meschini, y la autoría de los ataques fue adjudicada a Montoneros.
Unos días después una bomba estalló en la imprenta Paulos, en calle San Luis al 100, del ex sacerdote Ángel María Quinteros. La sede del Partido Comunista y en el Centro Cultural Israelita, donde iba a dar una charla Oscar Alende, presidente del Partido Intransigente, también sufrieron la violencia en forma de bombas.
Antes del golpe de Estado, en Mendoza la ultraderecha desplegaba sus operaciones a través del CAM (Comando Anticomunista Mendoza), liderado por el vicecomodoro Julio César Santuccione, también jefe de la Policía de Mendoza. El CAM colocó bombas en la casa de varios dirigentes locales de izquierda.
El 1 de enero de 1975 explotó una bomba en la casa del dirigente comunista Benito Marianetti, sobre calle Perú casi Espejo. Era el segundo atentado en menos de dos meses. Ese año nuevo también estalló una bomba en el diario La Tarde, donde se imprimía una revista del SUPE y otra de El Ateneo, De pie junto a Perón.
En diciembre de 1975, las guerrillas de Tucumán habían sido derrotadas, pero el Ejército se negaba a terminar la faena. El 24 de diciembre de 1975, Videla le anunció a la clase política que tenía 90 días para ordenar el país. El plazo se vencía en marzo del año siguiente, más precisamente el 24 de marzo de 1976.
La violencia no cesaba a principios de 1975. El día de Reyes, una bomba estalló en la casa del ex gobernador peronista Alberto Martínez Baca. Durante pocos días fueron colocadas en Mendoza 12 bombas.
La policía realizaba operativos de distinta naturaleza. Algunos eran de averiguación de antecedentes donde se podían detener a 500 personas; otros eran para capturar extremistas.

El 24 a la mendocina

El general Pedro León Lucero, un viejo militante peronista que había sido secretario de Juan Perón cuando el General pasó por Mendoza a comienzos de los 40, era el interventor federal de la provincia.
Lucero fue puesto en el cargo por Isabel Perón. Así recuerda cómo vivió aquella jornada: “A las 11 o 12 del 23 de marzo empezaron a sentirse rumores. Yo era gobernador y casi vivía en mi despacho, en el sillón de San Martín”. Pasado el mediodía, Lucero recibió al vicecomodoro Julio César Santuccione. Este le confirmó que el golpe ya había ingresado en su etapa de ejecución: “Mi general, usted ha sido muy leal conmigo y yo no puedo ser desleal con usted. Mañana a las 4 de la mañana lo van a ir a buscar a su casa y lo van a meter preso”, le dijo. Y agregó: “Va a ir el comandante de la VIII Brigada, el general (Jorge) Maradona y va a ir también el brigadier jefe de Guarnición Aérea. Los dos lo van a invitar muy cortésmente a que vaya al Liceo, le van a invocar razones de seguridad suya porque a las 4 de la mañana más o menos va a haber un golpe de Estado”.
El 24 de marzo del 76 la provincia quedó a cargo del coronel Tamer Yapur.
A partir de ese día, el plan represivo, fríamente calculado, comenzó con más fuerza. La Penitenciaría provincial albergó a más de 250 presos políticos. Los organismos de derechos humanos locales calculan que desaparecieron unas 200 personas. Varios mendocinos fueron secuestrados y llevados a los cerca de 10 centros clandestinos de detención, entre los que se encontraba el D-2; Colonia Papagallos; El Chalecito; la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Campo Los Andes y el Liceo Militar General Espejo.
La Justicia, por su parte, impedía sistemáticamente que prosperaran los recursos de hábeas corpus que interponían familiares para conocer el destino de decenas de mendocinos. A su vez, se detuvo a varios abogados que tramitaban los hábeas corpus, como Haydeé Fernández, Héctor Chaves y Conrado Gómez, este último finalmente desaparecido. Era propietario de los terrenos donde hoy se levanta el coqueto barrio Will-Ri, en Chacras de Coria.

Colaboración civil

El Partido Demócrata fue la agrupación política que más gente le aportó al Proceso de Reorganización Nacional, tanto a nivel provincial como a la gestión nacional. De los gobernadores que hubo durante esos años, Tamer Yapur, Jorge Fernández y Alfredo Ghisani fueron militares, y Bonifacio Cejuela y Eliseo Vidart Villanueva, demócratas. A nivel nacional, Francisco Moyano fue asesor de los presidentes Videla y Roberto Viola. A su vez, el ministro de Defensa durante la guerra de las Malvinas fue Amadeo Frúgoli, otro cuadro del Partido Demócrata.
Años antes, en 1979, jóvenes del PD adhirieron al régimen a través de un documento. Carlos Balter, quien fue secretario del embajador argentino en Colombia, junto a Gustavo Gutiérrez, Gabriel Llano, Andrés Grau y José Rubio, afirmaron por escrito: “La República agonizante del 76 suspiró aliviada cuando las FFAA interrumpieron la constitucionalidad formal. Las circunstancias vividas, los objetivos propuestos, la adhesión lisa y llana que hacen a las Bases Doctrinarias de la propuesta política de las FFAA a la Constitución nacional y sus principios rectores nos comprometen en la tarea de que el Proceso de Reorganización Nacional arribe al éxito”.

El terror

Los secuestros realizados por las fuerzas de seguridad, lideradas por Jorge Maradona, entre otros, mostraron un modus operandi similar. A veces ocurrían en el lugar de trabajo, de noche en casas o en la calle a plena luz del día.
Cuando la persona buscada era detenida en su domicilio, se coordinaba con la policía para que se determinara una zona libre para que los militares realizaran sus tareas sin interrupciones.
Los detenidos generalmente eran llevados al Palacio Policial, en Pedro Molina y Belgrano. Allí, eran encerrados en el D-2, donde se los torturaba e interrogaba. Algunos iban a la cárcel de Mendoza, por lo que eran “blanqueados”, asentados en los libros. Otros no corrían la misma suerte y pasaban a ser “desaparecidos”. De los que llegaron a la Penitenciaría, varios fueron enviados al penal de La Plata.

Quiénes eran

En función de los datos obtenidos de la lista -que aún hoy no es definitiva- de 179 desaparecidos que se encuentra en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, se desprende que 27 por ciento fueron mujeres y 73 hombres. En relación con su ocupación, se posee información de 54 por ciento de los casos. De ese total, la mitad eran trabajadores, un tercio estudiantes y 20 por ciento profesionales. Sobre la edad de los desaparecidos mendocinos se poseen datos de tres cuartos de ellos: 61 por ciento tenía menos de 28 años, 31 por ciento entre 28 y 40 años, y 8 por ciento más de 40.

Benedicto y después

El descalabro económico de la época, gracias a las políticas de la dictadura, hizo que la CGT organizara una marcha nacional contra el régimen militar el 30 de marzo de 1982. En Mendoza, el entonces ministro de gobierno, Alberto Aguinaga, varias veces legislador del PD, indicó que la movilización no estaba autorizada por el Ministerio del Interior y que el manejo de la policía pasaría a las manos del Ejército.
El día de la movilización, un hombre fue asesinado de un balazo en el pecho: se llamaba Benedicto Ortiz. Tres días después, el dos de abril, el gobierno militar tomó las Islas Malvinas, la última de sus aventuras. Al año siguiente, el 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones generales y el 10 de diciembre se constituyó como el día en que se reinstauró la democracia en la Argentina.

2) El eje económico del golpe

2) El eje económico del golpe

Por Cristian Ortega

Existen numerosas investigaciones periodísticas que hacen eje sobre las motivaciones de los militares para asumir el poder. María Seoane y Vicente Muleiro, en el libro El Dictador -biografía de Rafael Videla-, explican que la razón del golpe fue la instauración de un modelo económico que delineaba un país excluyente, desindustrializado, con un Estado débil, para pocos con mucho y para muchísimos con casi nada.
La continuidad del modelo impuesto a fuego y sangre en 1976 fue ratificada por el propio Martínez de Hoz. En una entrevista a la revista 3 puntos, en octubre del 2002, dijo: “(Domingo) Cavallo y (Carlos) Menem fueron impulsores de nuestros mismos principios”.
Seoane y Muleiro, desarrollan: “Para Martínez de Hoz y el CEA (Consejo Empresario Argentino), el plan económico era una reedición de las variantes ortodoxamente liberales: internacionalización de la economía argentina con sesgo agroexportador, apertura irrestricta al comercio exterior, drástica concentración de la riqueza, reducción del crédito a pequeñas y medianas empresas, y endeudamiento externo. El plan era para un país con 10 millones de habitantes; sobraba la tercera parte y, sobre todo, los trabajadores industriales”.
En esa línea, Jorge Lanata en Argentinos II, dice cómo interpretaban el lineralismo los militares: “Una especie de precapitalismo salvaje, mezclado con anarquismo spenceriano, que planteaba la desaparición del Estado como contenedor social”.
En este esquema, jugó la oligarquía argentina, que nutrió con planes y hombres -Martínez de Hoz, apellido ilustre de la Sociedad Rural- a la dictadura de Videla y compañía.
En 1982, los salarios reales habían disminuido 40 puntos con relación a 1975. La deuda externa pasó de 5.500 a 200.000 millones de dólares entre 1975 y el 2002, incrementándose 365 por ciento durante la dictadura. Seoane, en su libro El saqueo de la Argentina, cuenta: “Este proceso de endeudamiento se inició con el régimen dictatorial del eje Videla-Martínez de Hoz. Luego ingresó al juego Cavallo, cuya intervención en el BCRA en el gobierno de (Reynaldo) Bignone, y más tarde desde el Ministerio de Economía con Menem y (Fernando) De la Rúa, sería decisiva”.
Seoane va más allá y detalla la génesis de este plan de endeudamiento programado y calculado: “La nueva era de dominio político sobre los países emergentes, vía la deuda, comenzó a desplegarse desde lo que se llamó la Comisión Trilateral (Trilateral Commission), fundada en 1973, un antecedente de lo que luego fue el Consenso de Washington”.

3) El pasado político y el laberinto jurídico

3) El pasado político y el laberinto jurídico

Por Cristian Ortega

El actual debate sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -que fueron anuladas por el Congreso recientemente y hoy están a disposición de la Corte Suprema de Justicia–, puede significar el final de un intrincado camino de decretos y leyes que en su momento y con contextos particulares, intentaron la tan mentada “pacificación del país”. Los intentos, en general, siempre beneficiaron a los militares que en un primer momento fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, en 1985, gracias a un decreto del ex presidente Raúl Alfonsín, que no dejaba a resguardo a los subalternos.
Para entender este andamiaje legal, es necesario recorrer los decretos y leyes que fueron dictados y promulgadas durante los últimos 30 años.
Durante la administración de Isabel Perón, en febrero de 1975 se firmó el decreto 261, con el que el Ejército tomaba el mando para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
En octubre de ese año, por una seguidilla de tres decretos (2.770, 2.771 y 2.772), se conformó el Consejo de Seguridad Interna, con amplia participación militar. Este órgano tenía la posibilidad de controlar las policías y personal penitenciario de las provincias.
En 1983, el 23 de marzo, la dictadura, ya en retirada, promulgó la llamada ley de autoamnistía (22.924). El artículo 1º decía: “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”. El artículo 5º de esta ley completaba la red de impunidad: “Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley”.
Diciembre del 83, apenas asumido Alfonsín, fue un mes movido. Se intentó echar luz sobre los años oscuros. Así fue como el entonces presidente firmó el decreto 157 el 13 de ese mes, conocido como “la tesis de los dos demónios”. Ordenaba la persecución penal de los jefes de la guerrilla. El artículo 1º decía: “Declárase la necesidad de promover la persecución penal (...) contra Mario Eduardo Firmenich; Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Armando Obregón Cano; Rodolfo Gabriel Galimberti; Roberto Cirilo Perdía; Héctor Pedro Pardo; y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público”.
Ese mismo día, otro decreto, el 158, ordenaba el juzgamiento de las juntas militares. “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”, decretaba Alfonsín.
Días después, el mandatario, quien contaba con un colosal apoyo popular, impulsó la sanción en el Congreso de la ley que anulaba la autoamnistía. Fue la 23.040 del 22 de diciembre de 1983.
El gobierno alfonsinista, con problemas económicos y a poco de perder las legislativas del 87, decidió impulsar la Ley de Punto Final (23.492), para dejar fuera de los procesos penales a todos aquellos que no fueron juzgado en el histórico proceso a las juntas militares de 1985. El artículo 1º de esa norma decía: “Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la ley 23.049 (de reformas al Código de Justicia Militar), que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente”.
De los legisladores mendocinos, el entonces diputado Raúl Baglini votó a favor de la ley, mientras que los justicialistas José Octavio Bordón y José Luis Manzano estuvieron ausentes.
En el Senado, los mendocinos le levantaron la mano a la Ley de Punto Final. Fueron José Genoud y Margarita Malharro de Torres (aún no existía el tercer senador por la minoría).
El 8 de junio de 1987, se promulgó la otra ley que hoy es eje de debate: la de Obediencia Debida.
Llevó el número 23.521 y estableció que los oficiales subalternos no son punibles de acusaciones de delitos penales por obrar en virtud de la “obediencia debida”. El artículo 1º de la norma decía: “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10, punto 1º de la ley 23.049 (de reformas al Código de Justicia Militar) por haber obrado en virtud de obediencia debida”.
Pasaron un par de años hasta la próxima movida legal con el fin de “pacificar el país”. El presidente ya no era Alfonsín. Carlos Menem, a los pocos meses de estar el frente del país, firmó cuatro decretos: 1.002, 1.003, 1.004 y 1.005, todos del 7 de octubre de 1989: eran los primeros indultos. Poco más de un año después, en diciembre del 90, los decretos 2.741/90 y 2.742/90 seguían con los indultos, que alcanzaron a Mario Eduardo Firmenich.
El penúltimo capítulo de esta historia tuvo lugar el 26 de marzo de 1998, cuando el Congreso de la Nación derogó ambas leyes.
El capítulo final está desarrollándose. Queda esperar el dictamen de la Corte, que es fuertemente presionada por el Ejecutivo, para saber si las leyes son o no inconstitucionales. De esto depende que los procesos se reabran y centenares de militares marchen hacia un proceso que ha esperado 20 años para completarse.

4) D2, el sello de la tortura

4) D2, el sello de la tortura

Por Rodrigo Sepúlveda

De acuerdo a la orden reservada 239 firmada por el general Jorge Maradona, el Departamento Dos (D-2) de Inteligencia de la Policía de Mendoza tenía la función de recibir a los secuestrados, mantenerlos en cautiverio y asentar la información, obtenida bajo tortura, en los ficheros clasificados por actividades respondiendo a un mapeo ideológico realizado previamente. Luego, en base a las disposiciones del Comando de Brigada, se decidía su destino: podían ser legalizados e ir a la Penitenciaría de Mendoza,  trasladados a otro centro de detención o desaparecer.
El D2 fue el Centro Clandestino de Detención (CCD) más importante de Mendoza. Funcionó en un entrepiso en el interior del Palacio Policial. El lugar, ubicado en la intersección de calles Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, fue inaugurado en 1974 y se encuentra a menos de 500 metros de la Casa de Gobierno, centro del poder político. Miles de mendocinos lo han visitado para obtener su cédula de identidad provincial. Miles que no sabían lo que ahí ocurría.
Elba Morales, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, afirma: “La gran mayoría de los secuestrados de Mendoza pasaron por el D-2”. El lugar ahora es un depósito de elementos secuestrados en allanamientos. Hay computadoras viejas, marcos de bicicletas, biblioratos, libros, papeles, hierros retorcidos y un montón de cosas sin valor. Casi todas las pequeñas celdas están cerradas con candados. Otras tienen fajas de seguridad.

“Inteligencia”

Los policías que integraban el D-2 conocían los movimientos de los militantes políticos mucho antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Ya para esa época, tenían información sobre organizaciones o instituciones políticas, gremiales y sociales. Muchos del D-2 convivían en sus lugares de trabajo habitual con los que luego iban a ser sus secuestrados. Trabajaban como custodios en bancos oficiales y privados, en la Casa de Gobierno, en Tribunales o universidades. Cada vez que se hacía una asamblea de trabajadores o de estudiantes; o se realizaba una protesta, ellos sacaban fotos, tomaban nota y elaboraban informes. Después venía la clasificación por actividades políticas, sindicales, estudiantiles o religiosas.

Procedimientos

Una vez sacados de sus casas en operativos casi siempre clandestinos, los detenidos eran encapuchados, golpeados, desorientados y luego trasladados al edificio del Palacio Policial. Los patoteros iban camuflados con pelucas, bigotes postizos y lentes oscuros para no ser reconocidos. Utilizaban autos sin identificación robados o apropiados a los mismos detenidos. Se movían en un Dodge Polara, un Ford Falcon, un Peugeot 504 y un Fiat 125.
Las comisarías Séptima, 25º, Quinta, Primera y la Colonia Papagayos eran escalas obligadas antes de llegar al centro clandestino. Papagayos funcionó con ese objetivo antes del golpe y por allí pasó el actual diputado Ricardo Puga después de su detención (ver aparte). El legislador militaba en el Partido Auténtico y fue llevado en el baúl de un auto a la Colonia. Luego de unos días de continuas torturas, Puga fue trasladado al D-2 donde siguió el “tratamiento especial”.

Tratamiento “especial”

El único método para             lograr información aplicado en el D-2, eran los tormentos sistemáticos. Y el primer síntoma que sentían los cautivos era la pérdida de la noción del tiempo. Para intuir qué hora del día estaban viviendo los secuestrados se guiaban por los sonidos de las oficinas ubicadas a metros, donde se gestionaba la cédula de identidad provincial. También servían de referencias el ruido del tren que pasaba por detrás del edificio y los cambios de guardia de los policías.
En el subsuelo, en la sala de acumuladores de la central telefónica, se hacían las sesiones de torturas. Fernando Rule, trabajador estatal y ex militante montonero, reconoció el lugar, a pesar de ir vendado porque, paradójicamente, había participado en su construcción: “En el centro había un banco de madera de esos de listones. Me desnudan y me atan a ese banco. Ahí me interroga un tal (Eduardo) Smaha, El Ruso Smaha. Era el que más hablaba con un acento aporteñado. Él tomaba mate, fumaba, me tiraba las cenizas en el pecho y me lavaba con la pava mientras me interrogaba. Yo tenía una máscara de goma. Nos aplicaban la picana en los genitales, y en las encías”. Eduardo Smaha era oficial inspector de la policía y hacía de enlace entre el D-2 y el Comando de Operaciones Táctico (COT), donde se decidía y se dirigían los secuestros.
Además de los golpes de rigor y la picana eléctrica, también se utilizaban el “submarino seco” (asfixiar con una bolsa plástica al detenido hasta casi desvanecerlo), y el “submarino mojado” (ahogar al secuestrado en un tacho de 200 litros de agua introduciéndole la cabeza varias veces hasta conseguir que “cante”). Para desequilibrar psicológicamente aún más, también había policías que hacían de “buenos” y otros que hacían de “malos”, según recuerdan las víctimas. El “bueno” visitaba a los detenidos todos los días e intentaba convencerlos de que dieran información a cambio del cese de las torturas. “Hablá, no seas boludo. Mirá que tus compañeros ya dijeron todo”, recuerda Eugenio Paris que le decían. Después, a los gritos y patadas, aparecían los “malos”.
Uno de los “buenos” era el sargento Manuel Busto Medina conocido por los secuestrados como Mechón Blanco. Una detenida del 76 lo recuerda muy bien: “Hablaba con los familiares, les sacaba plata y les daba datos falsos sobre nosotros”. Cuando los detenidos estaban vendados, Busto Medina los trasladaba a la sala de tortura. Algunas mujeres lo reconocieron como uno de los violadores. Entre los “malos”, estaba el cabo Alfredo Milagro Castro conocido como el Caballo Loco”, quien amenazaba a los detenidos entrando a las celdas con un revólver. Alberto Córdoba lo reconoció como uno de sus torturadores.
La locura llegó a tal punto en el D-2, que el 25 de mayo de 76 los secuestrados vendados debieron cantar el Himno nacional mientras les daban un brutal paliza.

No dar paso a la vida

“A todas las compañeras nos torturaron y nos violaron sistemáticamente”, recuerda Silvia Ontiveros, una de las sobrevivientes que atestiguó ante la CONADEP en 1984. “Yo puteaba y le pegaba al torturador, pero a su vez no quería que se escuchara mucho porque sentía que para mis compañeros de al lado era terrible”, reconoció Silvia años más tarde en el video documental D-2. Era trabajadora estatal y militante peronista, fue secuestrada el 9 de febrero de 1976 junto a su pareja y su hijo de 4 años. Los golpearon y los encapucharon en presencia del niño. A los tres los llevaron al “Palacio”. En la sala de tortura, a Silvia le dijeron que si no colaboraba iban a matar a su hijo. Los policías finalmente entregaron el menor a sus familiares. Silvia estuvo en el D-2 hasta fin de mes. “A todas nos torturaron y nos violaron. Cuando nos juntamos en (la cárcel de) Devoto, comentábamos esto, en mi caso me violaron durante 18 días. ¿Me debí quedar embarazada en algún momento, no? Sin embargo no. Ninguna de nosotras le dio paso a la vida allí”, afirma con admirable dignidad Silvia.

La cabeza de la serpiente

El máximo responsable del D-2 en los años más duros del terrorismo de Estado en Mendoza fue el comisario Pedro Dante Sánchez Camargo, quien recibía órdenes directas del entonces jefe de policía, Julio César Santuccione. Sánchez Camargo ocupó ese cargo desde el 21 de julio de 1975 hasta el 1 de diciembre de 1977. El periodista Rafael Morán, quien lo conoció mientras trabajaba como jefe de Policiales de Los Andes, lo describe como un oscuro personaje dueño de la vida y la muerte de los “chupados”. A fines de 1975, Morán quiso saber por el destino del periodista Jorge Bonardell, detenido en esos días. El jefe del D-2 le respondió: “A Bonardell lo tenemos detenido en una pieza, está desnudo. Pero no se meta con este asunto. Lo tenemos desnudo sólo para presionarlo un poco”. La respuesta espantó a Morán.

La patota

El D-2 lo conformaban 55 policías, según un informe que la propia fuerza hizo para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 18 de febrero de 1987. La información correspondía al año 1976.
De ese listado, sin duda los más destacados por su “obediencia debida” al terror fueron el mencionado Sánchez Camargo, el comisario inspector Juan Agustín Oyarzabal, los subcomisarios Luis Alberto Rodríguez y Alberto Roque Rondinini, los oficiales inspectores Armando Osvaldo Fernández, Enrique Manuel Funes y Eduardo Smaha. Fernández y Smaha, actuaban como enlace entre el D-2 y la autoridad militar.
El Ruso Smaha, como se lo conoce, participaba activamente en las sesiones de tortura. Era uno de los que “hacía” el personaje de El Porteño, dirigía los interrogatorios y conocía bien a los cautivos. En las sesiones, varias personas hacían de El Porteño, entre ellos el oficial de la Policía Federal Osvaldo Daniel Calegari, quien fue reconocido por ex trabajadores de la firma Nutrihogar. Todos los policías que estuvieron en el D-2 durante la dictadura participaron de las acciones típicas de un CCD: secuestros, torturas, violaciones, simulacros de fusilamiento, muertes y desapariciones. Actualmente se encuentran todos identificados.

“Ayudame, hermano”

Eugenio Paris regresó al D-2 después de su cautiverio casi 30 años más tarde. Parado al lado del baño, en el medio del pasillo que separa la hilera de celdas, Paris relató cómo vio morir a un militante producto de las torturas que recibió. “Cuando detienen a esta persona, tenía en su poder los nombres de los que trabajaban acá en el D-2. Recibió un tratamiento terrible. A los dos días entró en una especie de septicemia porque comenzó a gritar, a delirar. En un momento lo encierran en el baño y a mí me sacan. Cuando voy a buscar los elementos para limpiar su celda, él abre la puerta y me dice ‘por favor, ayudame, hermano’. Después, como a las tres o cuatro de la mañana, se produjo un silencio y esta persona muere. Al rato entran con una camilla improvisada y se lo llevan. Me sacan del calabozo otra vez y me quitan la venda para limpiar la celda. Había materia fecal, sangre y vómito. Evidentemente murió por la terrible golpiza”. Paris nunca supo el nombre del militante.

Más desapariciones

Muchos de los detenidos que conocieron de muertes en las mazmorras del Palacio Policial cuentan que en algunos casos no pudieron identificar a los torturados que perdieron la vida. Por eso, aún hoy, falta establecer el número exacto de personas que desaparecieron en ese lugar. Sumados los desaparecidos y asesinados, los casos son más de veinte. Entre ellos están los de Roberto Blanco Fernández, Miguel Ángel Gil, Ricardo Sánchez, Daniel Moyano, Edesio Villegas, Jorge Vargas Álvarez, Aníbal Rosario Torres, Jorge Lubino Amodey y Zulma Pura Zingaretti.

Sesiones

En las sesiones de tortura que sufrieron los secuestrados del D-2 siempre había un médico. Su rol era auscultar al torturado para evaluar su resistencia física a la picana eléctrica y evitar que el “paciente” se muriera. Rule explica cómo se siente un paro respiratorio en una sesión de tortura: “Dejó de dolerme, dejo de sentir ruido, dejo de sentir el olor nauseabundo de las baterías, cuando pierdo todos esos sentidos me despierto con el médico pegándome con el puño en el pecho y gritándome que respire”.
Al menos cuatro personas sufrieron ataques cardíacos mientras eran torturadas en el D-2.
Francisco Robledo reconoció al médico Mario Rafael Stipech, quien lo atendió después de una sesión donde le dañaron los oídos. Stipech era oficial inspector del Cuerpo Apoyo Escalafón Profesional de la policía. Robledo lo conocía porque trabajaba con él en el hospital de Maipú. Doce eran los médicos que trabajaban en el D-2 en 1976. Tenían una oficina en un costado del hall central del Palacio Policial. Hacían guardias de 24 horas, una vez a la semana. Además de Stipech, trabajan allí Antonio Blas Scalzo, Miguel Capó Linares, Bernardo Horenstein, Carlos Del Canto Barbera, Lucio Arias, Antonio Perello López, César De Borbón, Roberto Sleman Masnu Zavi, Jorge Bajuk, Virginia Solas e Ibrahim Prieto. “Nunca un detenido dijo ‘me hicieron, no me hicieron, me pegaron, no me pegaron’, ni yo les pregunté. Decían: ‘Me duele el hombro, me duele el brazo, me duele la pierna’. Yo suponía que era por la tortura. No hay que ser muy vivo para darse cuenta”, contó Prieto hace algunos años.

Justicia

Eugenio Paris está entusiasmado con la posibilidad de que la Corte anule finalmente las leyes de impunidad y los represores puedan ser juzgados en Mendoza por los delitos de lesa humanidad que cometieron. No cree en el argumento de la Obediencia Debida de los torturadores: “No sólo cumplían la orden. Estos personajes le agregaban su propia iniciativa, su propia ‘creatividad’. No fueron idiotas útiles, fueron partícipes totalmente conscientes de la cuestión”. Ahora, algunas personas quieren convertir el lugar donde estuvo el D-2 en un museo de la memoria. Tienen claro que hasta que la memoria no ocupe su lugar, el olor a la tortura y muerte del D-2 permanecerá allí.

5) Colonia Papagallos

5) Colonia Papagallos

Por Verónica Césari

La Colonia Papagallos fue uno de los centros clandestinos de detención que operó a principios del 76 en Mendoza y que no figura en el informe que realizó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP).
Se trataba de una casa construida para colonia de verano, emplazada en medio del piedemonte, a 14 kilómetros del centro de la ciudad. Hoy sólo quedan dos paredes en pie de lo que fue el lugar en donde estuvieron detenidos Ricardo Puga, Juan Basilio Sgroi y Francisco Solano López, entre otros.
Con el regreso de la democracia, el edificio quedó en estado de abandono. Su demolición fue detenida por orden del ex subsecretario de Educación Juan Manuel Estrella, cuando el mismo Puga reconoció por casualidad el lugar en donde estuvo detenido.
Puga explicó que él se dio cuenta de que ese es el lugar a donde lo llevaron en enero del 76, casi tres meses antes del golpe de Estado, cuando fue a buscar a una de sus hijas que estaba realizando una actividad escolar en ese lugar.
Las subidas y bajadas para llegar a la Colonia quedaron grabadas en la memoria de Puga y volverlas a transitar le devolvieron el recuerdo. Observando el lugar, encontró una prueba de su estancia allí: en una de las paredes del centro clandestino todavía seguía escrito su nombre, un testimonio que hoy ya no está.
Al darse cuenta de esta situación y de que estaban destruyendo el lugar, averiguó a qué dependencia del Estado correspondía para frenar la demolición, cosa que sucedió por orden de Estrella.
“Reconozco la actitud que tuvo en ese momento el director de Los Andes y la gente del diario, que días antes del golpe, publicó la lista de quienes estábamos detenidos en el penal de Mendoza, lo que nos legalizó ante la opinión pública y evitó la desaparición de mucha gente”.
Luego de su estancia en Papagallos, fue trasladado al D-2 y , paso seguido, a la Penitenciaría provincial. Sólo puede dar fe de la estancia de Sgroi y Solano López y sostiene que había otras personas pero nunca se enteró de quiénes se trataron y qué fue de ellos.
A un par de las personas que lo detuvieron en Arenales e Italia de Guaymallén les pudo ver las caras pero nunca pudo reconocer a sus secuestradores. Su detención se debió a una denuncia que realizaron con Sgroi, los dos eran militantes del Partido Auténtico, por un atentado que había sufrido Alberto Martínez Baca en San Rafael.
Pusieron de manifiesto, en una solicitud que publicó Los Andes, las actividades del jefe de policía, Julio César Santuccione, y la existencia de organismo parapoliciales, que ya estaban operando en la provincia.

6) Testigo de una desaparición

6) Testigo de una desaparición

Pablo Seydell volvió a la celda que ocupó en la comisaría Séptima, donde pasó los días más difíciles de su cautiverio en dictadura. Reconstruyó la historia de su secuestro y la desaparición de Rubén Bravo.

Operativo

“El 15 de octubre de 1976 me detuvo personal de la policía provincial en la estación terminal de ómnibus de Mendoza”, relata Seydell. Y agrega que “sin vendarme ni maniatarme, me llevaron a la Seccional 7ª de Godoy Cruz, donde me alojaron en un calabozo. Allí fui interrogado con la aplicación de picana eléctrica durante tres días”.

La desaparición

El 21 de octubre a Seydell lo trasladaron a un primer piso donde dos guardias le mostraron “en condiciones deplorables” a Juan Humberto Rubén Bravo, actualmente desaparecido. “Lo meten a la habitación, le hacen una pregunta y lo retiran”. Seydell se transformó así en uno de los pocos sobrevivientes que pudo dar testimonio sobre la desaparición de un mendocino. Rubén Bravo era gremialista de Actores.

Los calabozos

Los detenidos en la Séptima descubren dónde estaban por la iluminación de la Plaza de Godoy Cruz, que está enfrente. También ayudaron los ruidos del tránsito y la música del órgano de la Iglesia. Por allí pasaron, entre otros, Alberto Córdoba, Luis Moretti, Belardinelli y Francisco Amaya.

Orgullo

Pablo Seydell es hoy jefe del Deparmaneto de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Godoy Cruz. A pesar de su juventud, es un viejo militante orgulloso de haber pertenecido a una generación que intentó cambiar el país. Más allá de los tormentos que sufrió, cree que la memoria no debe pasar por victimizar aún más a sus ex compañeros sino por reconocer el valor de un pueblo que intentó el cambio político y económico, objetivo principal de la lucha de los 70.

7) Estrategia para juzgar a los represores en Mendoza

7) Estrategia para juzgar a los represores en Mendoza

Por Pablo Icardi

Luego de que el Congreso de la Nación anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un grupo de abogados mendocinos junto con las asociaciones defensoras de los derechos humanos trabajan en una estrategia para juzgar a en Mendoza a los militares, policías y civiles que participaron del terrorismo de Estado. El tema es coordinado con los abogados que llevan los juicios en el resto del país, quienes quieren llevar adelante una acción conjunta. Pero el tema en Mendoza es más complicado.
Es que en la provincia dicen tener en contra a miembros de la Justicia federal por estar identificados con el proceso golpista: muchos fueron designados en esa época y, dicen, “así no se garantiza imparcialidad”.
Por esa razón en Mendoza no se presentó un recurso de nulidad de las leyes. “No queremos generar un antecedente negativo. Si en Mendoza la Justicia federal se declara en contra de la nulidad, puede generar una jurisprudencia que juegue en contra para todo el país”, dijo uno de los abogados que trabaja en el tema.
Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la nulidad de las leyes, estarían en condiciones de abrirse más de 50 causas referentes a Mendoza que quedaron anuladas entre 1986 y 1987.
Cuando se decidió juzgar a los militares, la Justicia federal mendocina se declaró incompetente y los jueces cordobeses tomaron los casos de toda la “Zona 3”, aplicando el Código de Justicia Militar (según la organización militar en ese distrito estaba todo Cuyo, el Norte y la base estaba en la provincia mediterránea).
Pero llegado el caso de la apertura de los juicios, los abogados quieren que ex militares y policías que actuaron en Mendoza sean juzgados aquí.

La estrategia

El primer paso de la acción sería lograr que se traigan las causas. Pero eso no sería lo más complicado. Según opinan los juristas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza “está muy identificada con el proceso y es proteccionista de los militares”. Por eso intentarán que no sea la Cámara federal la encargada de las causas, sino que sean tratadas por los jueces de primera instancia.
En ese sentido, esta semana ya hubo un avance. La Cámara Federal porteña reabrió las causas contra los militares y, lo más importante, declaró que los juicios deben hacerse de acuerdo al Código Procesal Penal y no con el Código Militar. Esto haría actuar a los jueces de primera instancia.
Otra clave de la apertura de los juicios es la declaración de delitos “imprescriptibles” que determinó el Congreso. Y de tipificar los delitos cometidos por la dictadura como de “lesa humanidad”. “Estamos frente a crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la tipología adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1945”, dijo Pablo Salinas, abogado de familiares de desaparecidos.

Sospechados

La Justicia federal de Mendoza es, junto con la de Tucumán, una de las más identificadas con el proceso. Ya en la década del 80 el presidente de la Cámara Federal, Luis Miret, se autoexcluyó de los juicios por ser íntimo amigo de Juan Pablo Saá, una de las figuras emblemáticas de la dictadura en la provincia.
Una de las justificaciones de esas sospechas es la falta de renovación que hay en los tribunales. Tanto en la Cámara Federal, como en los Tribunales Orales hay jueces que fueron designados en la época de la dictadura. Entre ellos están Luis Miret, Otilio Romano, Juan González Macías, Carlos Pereyra González y Roberto Nacif. El hecho de haber sido nombrados durante la dictadura no significa que, ‘per se’, haya parcialidad en las causas. Pero los abogados creen que algunos jueces deberían abstenerse de participar.

8) “No tenemos mucha expectativa en la Justicia federal de Mendoza”

8) “No tenemos mucha expectativa en la Justicia federal de Mendoza”

Rodrigo Sepúlveda

Elba Morales y María Gil de Camín, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, regional Mendoza.

¿Dónde están los desaparecidos de Mendoza? ¿Cuáles son las hipótesis que ustedes manejan?
Elba: Muchos de los desaparecidos de Mendoza están en los cementerios, fundamentalmente en el cuadro 33 del Cementerio de Capital, en el Cementerio de San Rafael y en algunos de los otros cementerios. Otros, realmente, no sabemos dónde los han sepultado. Hay versiones de fusilamientos en zona de la pre-cordillera y de enterramientos en esa zona. Hasta aquí eso no se ha podido verificar por falta de recursos, de medios y de acción de la Justicia en ese sentido.

¿Se sabe de qué personas son los restos que están en los cementerios?
Elba: En algunos casos se sabe porque fueron sepultados como NN y después se ampliaron esos datos y se les consignó el nombre que tenían. Uno, por ejemplo, es el caso de Osvaldo Rosales. Otros casos son los de Ana María Moral, Juan Vicente Bernal y su esposa Raquel Herrera y Molina Nazar.

¿Esos son restos recuperados?
Elba: Recuperaron la identidad. De otros, hay datos coincidentes con la edad y la fecha en que lo secuestraron con las inhumaciones realizadas en el Cementerio de la Capital como NN.

¿Qué hay de verdad en las versiones que hablan de gente arrojada al Dique El Carrizal?
Elba: No hay una información precisa, son versiones nada más. En algún momento hubo una denuncia de un buzo...
María Gil de Camín: Hubo un dragado del Carrizal al principio de la democracia donde intervinieron buzos, pero dijeron que eso estaba muy mal hecho porque el dragado era muy superficial y podían haber cuerpos enterrados en el limo del Carrizal y era un tema difícil por la acción de los peces. Cuando se dragó el Carrizal no se encontró nada.

¿Y tampoco nunca hubo algún testimonio de un pescador que hubiera dicho ‘sí, yo vi que tiraron una persona’?
Elba: Hay un testimonio pero del año 75, previo al golpe. Eso efectivamente consta en los registros de la Municipalidad de Luján. Encontraron restos de un hombre que tenía los pies en cemento.

¿Ese fue un caso de represión política?
Elba: Sí, claro, ese fue un caso de represión política. Un operativo de las Tres A en el terreno.

¿Se acuerda el nombre?
Elba: No me acuerdo, pero hay un expediente en la Justicia federal

¿El destino de los detenidos desaparecidos de Mendoza, es una de las grandes incógnitas?
Elba: Es una de las grandes incógnitas, pero el tema es que hay mucha gente en Mendoza, ex funcionarios o actuales funcionarios que si quisieran podrían develar esa incógnita porque ellos saben qué hicieron ellos mismos. Gente de la policía de la provincia, por ejemplo, que saben qué hicieron con los desaparecidos; pero hasta aquí no ha habido una acción judicial coherente que permita que esa gente diga lo que sabe.

¿Qué expectativas tienen con la situación que se abre a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que hizo el Congreso y del posible fallo en ese sentido de la Corte Suprema?
María Gil de Camín: Los organismos de derechos humanos siempre dijimos que no estaba todo perdido, que el camino de la verdad y la justicia lo íbamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Primero se abrió una grieta con los juicios por la verdad y ahora se abre el panorama mucho más ancho. Se está descorriendo el velo de la impunidad porque pensamos que la Corte Suprema también va a declarar la inconstitucionalidad de estas leyes y vamos a poder llevar a juicio a los represores que todavía quedan con vida.

¿Hay alguna noción de cuántas causas se podrían reabrir en Mendoza?
Elba: Tantas como se iniciaron entre 1986 y 1987, antes del Punto Final y la Obediencia Debida. Esas causas eran más de cien.

Hay un juez de la Cámara Federal, Luis Miret, que ha sido recusado ante la Corte Suprema, ¿tienen confianza en que la Justicia federal de Mendoza pueda llevar adelante las causas que se reabrirían y llegar así a buen término? ¿Tienen fe en la Justicia federal de Mendoza?
Elba: En realidad no tenemos mucha expectativa de que la Justicia federal de Mendoza pueda llevar adelante estas causas con verdadero afán de obtener justicia, salvo algunos miembros que han demostrado una actitud positiva hacia ese objetivo. Este tema ya lo hemos vivido con los juicios por el derecho a la verdad. Todavía tenemos un incidente de recusación en la Corte de Justicia de la Nación y hace más de un año que el expediente está detenido. El doctor Miret, un integrante de la Cámara que en el año 86 se excusó por ser amigo íntimo del comandante Juan Pablo Saá, ahora se negó a excusarse y tuvimos que recusarlo para que no interviniera. Era imposible tener en una misma causa donde se busca justicia, al amigo íntimo del represor. Y por otro lado, la gente que hoy está integrando el más alto estrato de jueces en la Justicia federal, en su mayoría, es la misma gente que ya eran funcionarios durante la represión cuando llegaban los hábeas corpus y se respondían rechazándolos con costas a los familiares por falta de mérito, a pesar que la gente estaba desaparecida.

Y en este contexto, ¿cuál sería la vía para llegar a la justicia en Mendoza?
Elba: Un recambio de jueces en la Justicia federal.

Así de cortito.
Elba: Así de cortito y determinante.

¿Cómo creen que asume la sociedad mendocina el tema de la dictadura?
María Gil de Camín: Realmente se han visto cambios en toda la sociedad, no sólo la mendocina. En realidad, la sociedad ansía justicia y verdad, pero para lograrlo tenemos que comprometernos más cada uno y ayudar a la justicia. Cuando uno sabe de algún represor o de algún hecho que ha causado desaparecidos, hay que ir a los organismos de derechos humanos y contarlo. No tener miedo porque realmente los canales de la justicia se han abierto.

¿ La impunidad es la gran matriz de los problemas argentinos?
María Gil de Camín: Yo creo que la impunidad ha sido la madre de muchos vicios y de muchos miedos. La gente tiene mucho miedo de denunciar porque teme a las represalías todavía. No solamente en el caso de los desaparecidos, sino en cualquier otro caso de corrupción, de mala administración. Se ve que cuando una persona denuncia tiene represalias o teme a tener esas represalias. De una vez por toda tenemos que transparentar las cosas.

9) Fuga de cerebros: la UNCuyo quedó vacía

9) Fuga de cerebros: la Universidad quedó vacía

Por Pablo Icardi

El ambiente que había en la Universidad Nacional de Cuyo le hacía intuir al profesor René Gotthelf que algo iba a pasar ese día de marzo de 1976. Lo interrumpieron en medio de la clase de Metodología de la Investigación, en la Facultad de Filosofía y Letras, y media hora después estaba fuera de la UNCuyo. “Ese día volví al aula y terminé la clase como si no pasara nada. Pero después nunca más pude entrar. De hecho, no pude dedicarme más a dar clase ni a la investigación y tuve que ponerme un negocio”, cuenta René hoy, ya de vuelta en la vida académica y a cargo de la Editorial Universitaria (Ediunc).
Uno de los daños más graves que se produjo en la etapa de la dictadura fue el retraso a nivel educativo. Se sintió en todos los niveles, pero en la universidad se notó más por la imposibilidad de investigar, de discutir ideas y por la fuga de cerebros.
Más de 270 docentes e investigadores fueron expulsados y quedaron aulas vacías. Algunos debieron dejar la vida académica de golpe para dedicarse a otra cosa. Otros tuvieron que emigrar del país y muchos de los principales intelectuales de esa generación no volvieron nunca más. Es el caso de Carlos Basán, Enrique Dussel, Oward Ferrari y Sara Malvicin de Bonardel, entre otros, que hoy son prestigiosos académicos en otros países.
Para los que se quedaron la vida no fue fácil. Desde 1975 se produjeron atentados, secuestros y torturas a docentes y alumnos. Las facultades que más sufrieron fueron la de Filosofía y Ciencias Políticas, que quedaron casi vaciadas. La carrera de Sociología se transformó en posgrado (pero nunca se implementó), Ciencias Políticas pasó a ser Administración y a nivel provincial se cerraron las carreras de Periodismo, Antropología y Psicología.

Sin contenidos

El daño caló hondo en la Universidad Nacional de Cuyo. Desde 1973 se había gestado un proceso de cambio único. Se buscaba lograr un modelo democrático, eliminando el sistema de cátedras y con espíritu latinoamericanista. El proceso era impulsado por un grupo de 57 docentes entre los que estaba la actual rectora, María Victoria Gómez de Erice, y el filósofo Arturo Roig, gestor de ese modelo como secretario académico. Políticamente ese movimiento estaba identificado con la izquierda peronista, pero había convivencia con otras fuerzas.
“Eramos jóvenes que pensamos una universidad distinta. Luego de la llamada Misión Ivanisevich muchos se tuvieron que ir y nuca más volvieron. Fue una época marcada por la intolerancia. y sin discusión de ideas no puede haber conocimiento”, dijo Gómez de Erice, que luego de ser expulsada de la UNCuyo debió trabajar, entre otras cosas, como guía de turismo.
En 1975 se produjo “el derechazo”, como hoy le dicen, con la llamada Misión Ivanisevich. Desde ese momento comenzó la persecución oficial contra “la subversión”, que a la luz de los ojos del rector Otto Burgos, encargado en Mendoza de llevar adelante la misión, era toda persona que pensara distinto. Allí se armaron las primeras listas negras y se expulsaron docentes. “En todo el proceso se produjo un retraso cultural impresionante. Se perdieron algunos de los grandes pensadores del país”, dijo Arturo Roig, quien debió dejar la UNCuyo en ese momento y se convirtió, exiliado en México y luego en Ecuador, en uno de los principales filósofos del continente. A nivel estudiantil también existía una fuerte y violenta pelea.
Desde marzo de 1976 se formalizó la tendencia represora. Las fuerzas armadas llegaron a la UNCuyo, el comodoro Héctor Eduardo Ruiz tomó la posta del rectorado y se puso un oficial en la puerta de cada facultad. Incluso el dictado de clase era controlado por oficiales dentro de las aulas, se disolvieron todas las organizaciones políticas estudiantiles y la mayoría de los dirigentes fue encerrada en cárceles y centros clandestinos de detención.
El nuevo modelo de universidad era, según se decía, “argentino, occidentalista y cristiano”, manejado, claro está, bajo el mando militar y no académico. Entre otras cosas, se había prohibido cualquier tipo de reunión o participación política. Los libros que hablaran de ideología, o que “pudieran contaminar” la mente de los estudiantes fueron sacados de las bibliotecas. Obviamente, los hombres no podían tener barba ni las mujeres maquillaje.
Pero hubo algunos detalles que se les escaparon a los militares gracias a la falta de formación intelectual. “Mientras daba clase había un militar que controlaba. El marxismo estaba prohibido y en clase hablábamos de marxismo, como el militar no entendía nada, no se daba cuenta”, contó el antropólogo Luis Triviño, quien estaba en una lista negra, pero se salvó de ser expulsado. La segunda etapa del control de la dictadura en la UNCuyo estuvo a cargo de Pedro Santos Martínez, quien avaló todo lo actuado anteriormente. La tercera etapa estuvo liderada por Enrique Zuleta Álvarez.

10) Hasta El Principito estaba prohibido

10) Hasta El Principito estaba prohibido

Toda manifestación de conocimiento o producción intelectual que era sospechosa, o desconocida para los ojos de los jefes militares, estaba prohibida.
Entre los libros que se llegó a considerar subversivos estaba El Principito. Las librerías tampoco podían exhibir obras de los autores mendocinos Armando Tejada Gómez y Juan Draghi Lucero y hasta la canción Manuelita era subversiva para los militares.
En la UNCuyo se ordenó “depurar” todas las bibliotecas. Los libros buscados eran, según los comunicados 24 y 28 del rector interventor, los que tenían una tendencia de izquierda y que pudieran perturbar a los alumnos.
Esos libros eran llevados, en su mayoría, a la Biblioteca Central. Allí no se podía entrar salvo con autorización de los mandos militares.
Una gran cantidad de libros fue depositada, según los testimonios, en un salón de la VIII Brigada, en calle 9 de Julio. Muchos de los libros se recuperaron y se sospecha que hubo quemas (sí se quemaron folletos y revistas).
Pero la educación fue atacada en todos los niveles. En un trabajo inédito del periodista Gastón Bustelo se cuenta que en setiembre de 1976 el ministro de Educación de la provincia, coronel Juan Esteban Echazú, declaró: “La penetración ideológica marxista comenzó en la escuela primaria para luego proyectarse a otros niveles (...) Un elemento utilizado como acción de disociación, fue la creación de un juego en el ciclo primario que se llamaba ‘Tribunales Infantiles’, en el que los niños jugaban a los maestros, creando así un sentido de destrucción de la autoridad”.
En el mismo trabajo, Bustelo hace constar que en la primera etapa de la dictadura se había expulsado a 3.000 académicos, administradores y asistentes de enseñanza de las escuelas secundarias nacionales.

11) Organigrama del terrorismo de Estado en Mendoza

11) Organigrama del terrorismo de Estado en Mendoza

Rodrigo Sepúlveda

Para la aplicación del terrorismo de Estado en Argentina, el Ejército modificó su estructura y dividió al país en zonas y subzonas según marcaba la enseñanza de los generales franceses que habían participado en la batalla de Argelia. La Zona 3, con asiento en Córdoba, fue el dominio del III Cuerpo de Ejército y el general Luciano Benjamín Menéndez uno de sus máximos responsables. Esta zona abarcaba una vasta región de diez provincias (Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy) dentro de las que estaba Cuyo, denominada Subzona 33. En Mendoza, el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña era el que se constituía como Jefatura de la Subzona 33. Luego venían otras divisiones en áreas, subáreas, más políticas que territoriales. En una primera etapa, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 1 de diciembre de 1977, el responsable de los centro clandestinos que funcionaron en la Subzona 33 fue el comandante de Brigada Jorge Alberto Maradona, fallecido hace unos años. Luego, lo reemplazó el general de Brigada Juan Pablo Saá. El esquema de zonas y subzonas se estableció el 5 de febrero de 1975 y permaneció hasta el 31 de diciembre de 1981 cuando fue modificado.

La Comunidad Informativa

En lo que hacía a la represión ilegal, funcionaba un Comando Militar de Operaciones. Lo integraban su jefe, el comandante de la VIII. Brigada de Infantería de Montaña, el segundo de éste, el jefe de la IV Brigada en representación de la Fuerza Aérea, el responsable de la Delegación Naval en Mendoza y los máximos jefes militares de San Juan y San Luis. Este comando era orientado para su toma de decisiones por todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad de cada lugar. Todo esto constituía la Comunidad Informativa.
Por su parte, los servicios de inteligencia nacionales que operaban en cada región, como Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal, quedaron incluidos en este esquema bajo el Comando Operacional. Mediante decretos y convenios, las policías provinciales y Servicios Penitenciarios Provinciales, fueron colocados bajo el Control Operacional de las Fuerzas Armadas, desde octubre de 1975.
En los tiempos del brigadier Julio César Santucciones, la Comunidad de Inteligencia o Informativa se reunía una vez por semana en la Jefatura de Policía para “tener la situación exacta y acabada del accionar subversivo que amenazaba la paz pública”.

Tácticas y estrategias

La estrategia antisubversiva se elaboraba en el Tercer Cuerpo o Zona, en Córdoba, y las tácticas operativas en la subzona. En nuestro caso, la VIII Brigada era el lugar donde se tomaban las decisiones de los operativos. Así lo reconoció el propio Santuccione quien en su declaración brindada ante la Cámara Federal el 13 de mayo de 1987 explicó que el accionar de la policía no estaba encuadrado dentro de una “lucha privada o facciosa” sino “que todo el comportamiento contrasubversivo fue institucionalmente dispuesto a través de la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas”.
La Comunidad Informativa era la encargada de informar al Comando Militar para que éste decidiera las operaciones a realizar. La acción directa, el brazo que ejecutaba, era el COT, o Comando de Operaciones Táctico.

El COT

El Comando de Operaciones Táctico dependía del Comando Militar, tenía su sede en el Comando y estaba integrado por oficiales del Ejército, Aeronaútica, Policía Federal, policía provincial y por integrantes de los servicios de inteligencia. En representación del Departamento Dos (D-2), un par de oficiales servían de enlace entre el organismo policial y el COT. Eran Eduardo Smaha y Armando Osvaldo Fernández.
Las reuniones del COT “tenían un fin informativo general que la conducción militar brindaba a los organismos de seguridad contribuyentes sobre la situación subversiva en la provincia, tenían carácter de actualización”, declaró Santuccione. Además, para salvar culpas, el ideólogo del Comando Pío XII se ocupó de aclarar que él no integraba el grupo.
Cada movimiento de la denominada “guerra antisubversiva” era planificada por la VIII Brigada y el COT era el encargado de ejecutar los operativos de secuestro para lo cual se pedían zonas liberadas a las diferentes seccionales de policía. Los miembros del COT eran los responsables del traslado de los detenidos a los centros clandestinos y dirigían activamente los interrogatorios bajo tortura. Estaban por encima de sus mandos jerárquicos, ya que se encontraban fuera de las cadenas de mandos naturales y dentro de la cadena de mandos del Comando Militar. 

12) Los años en los que la vida valió poco y nada

12) Los años en los que la vida valió poco y nada

Por Rafael Morán / Periodista

Un mediodía de 1978 conocí al teniente coronel Osvaldo Riveiro. Era un hombre pequeño, delgado, algo ampuloso, sin ningún rasgo que lo hiciera sobresalir de otros individuos comunes salvo por su carácter áspero y un ademán hostil que dejaba escapar deliberadamente. Me hizo sentar en su oficina y se dispuso a repasar en silencio una hoja escrita a máquina, sin membretes ni otra identificación: eran mis antecedentes de preso político, los verdaderos y los otros.
Sorpresivamente se paró como impulsado por un resorte y comenzó a golpear sus puños contra el escritorio mientras amplificaba la voz. “¡Los periodistas -dijo- son culpables de lo que ha pasado, cómplices de la subversión!”. Su exaltación podía esperarse en un hombre acostumbrado a mandar sin razón, sobre todo en aquellas circunstancias de absolutismo castrense, pero escondía cierto rencor hacia el mundo intelectual, al que los militares adjudicaban un papel ideológico de respaldo a la guerrilla. Entendí finalmente que sólo buscaba generar impacto.
Era Riveiro un oscuro jefe del destacamento de Inteligencia del Ejército que funcionaba en la esquina de Emilio Civit y Martínez de Rozas. Lo recuerdo ahora por que en él me pareció encontrar un prototipo convencido y obediente de los manuales de la represión, un individuo comprometido con los mecanismos planificados de la dictadura. Pero Riveiro todavía se desempeñaba en las sombras. Alcanzó notoriedad diez años más tarde como “balita”, aparente jefe de inteligencia y operaciones en las Fuerzas Armadas de Honduras.
La oleada de secuestros y crímenes que desató la asonada del 24 de marzo de 1976 fue especialmente cruel en Buenos Aires y Córdoba y a pesar de que Mendoza era dirigida con mano dura por un rústico general, Jorge Maradona, no se produjo la misma matanza masiva o al menos no con la virulencia de aquellas ciudades. Pero hubo aquí no menos de 200 muertos-desaparecidos. Los detenidos se contaron también por cientos. Algunos marcharon al exilio, otros fueron condenados al ostracismo y muchos padecieron la destrucción de sus lazos familiares y de su propia vida.
Esa represión fue justificada como respuesta a las actividades de las Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyos cuadros en Mendoza eran bastante exiguos y por lo tanto tenían un accionar precario y limitado, además de equivocado y del todo inútil. Habían provocado algunas bajas policiales y varios atentados.
La situación se había tensado en 1973 con la llegada a la gobernación de Alberto Martínez Baca, un farmacéutico sencillo y honesto pero sin capacidad para manejar las exigencias desproporcionadas de la Juventud Peronista ( la tendencia revolucionaria) que le había convertido en líder, y de la derecha representada por Carlos Mendoza, el vicegobernador, hombre fuerte de la entonces poderosa Unión Obrera Metalúrgica. Vino la insustancial denuncia por desajustes internos del PJ, el juicio político a Martínez Baca y la intervención de la provincia. El aire político era irrespirable.
Lo peor llegó en octubre de 1975. Las Fuerzas Armadas comunicaron que se hacían cargo de las operaciones policiales del país por imperio de la Ley de Seguridad Nacional y amenazaron a los medios periodísticos con clausuras y arrestos. Impusieron una censura férrea, aunque esto de ningún modo resulta exculpatorio de actitudes ruines en quienes no habían sido obligados a esos extremos.
Empezaron los secuestros en todos los ámbitos, se multiplicaron los robos en las viviendas donde se hacían los procedimientos oficiales con metodología clandestina, se conocieron abusos a mujeres en sus propias casas. Los homicidios se realizaban con una saña nunca vista -recuerdo especialmente la ejecución el 20 de marzo de la profesora Susana Bermejillo de Carrizo y del estudiante Mario Jorge Susso- y la gente detenida era alojada en sitios secretos, como ocurrió con Jorge Bonardell, periodista manso y brillante, a quien mantenían desnudo en una sala del Palacio Policial y lo sometían a indecibles torturas.
Los atentados dinamiteros retumbaban cada noche. El miedo se extendía con una intensidad viscosa sobre militantes sindicales y políticos, artistas, docentes y estudiantes universitarios. Y alcanzaba particularmente a periodistas que comenzaron a denunciar lo que estaba pasando. A esto se refería Riveiro cuando mencionó la “complicidad” de la prensa. Consideraban los militares que esas crónicas dañaban la imagen de las fuerzas armadas y de seguridad, cuando en realidad lo que querían era un campo libre de obstáculos para matar, detener y torturar.
De esa convulsión nacieron el Comando Anticomunista Mendoza, versión local de la Triple A y el célebre Comando Pío XII, creado durante la conducción policial del vicecomodoro Julio César Santuccione, destinado a golpear y asesinar prostitutas. Desde las esferas oficiales se les asignó un origen desconocido. Pero el Pío XII era un grupo con pretensiones místicas como la personalidad del mismo Santuccione y con su misma audacia y temeridad. Mendoza estaba en manos anónimas que dejaban huellas inconfundibles en cada uno de sus actos.
El país ya se encontraba dominado por profundos entredichos en el propio justicialismo y por arrebatos verbales de la oposición. Algunos se expresaban con sesgada justificación de la inminente irrupción de los militares en la conducción del país y otros, como el ex ministro peronista, el mendocino Ernesto Corvalán Nanclares, advertían que la república luchaba “denodadamente por su subsistencia”.
El senador nacional por el Partido Demócrata, Amadeo Frúgoli, sostuvo que un posible golpe castrense “no será fruto de la decisión apresurada de un jefe militar ambicioso sino la coronación inevitable de una situación de caos, anarquía y vacío de poder”.
El diputado nacional justicialista por Mendoza, Arturo Ruiz Villanueva, le contestó: “opositor golpista”. Frúgoli sería ministro de Justicia de la dictadura y ocuparía también la cartera de Defensa durante la guerra por las Malvinas.
El país se desangraba. Se decretó la emergencia económica, la devaluación del peso en un 40 por ciento y un aumento salarial de 20 por ciento. El interventor en Mendoza, general Pedro Lucero, convocó a elecciones generales para el 12 de diciembre en sintonía con las urgencias nacionales para abortar la sedición que despuntaba.
El día del golpe los principales titulares en las páginas locales de los diarios mendocinos se referían al mercado de uvas, a los acuerdos de exploración minera y a los progresos del autódromo de General Alvear. Pero se había desatado una represión demencial con complicidades empresarias y una caterva de delatores.
Supimos con el tiempo cómo había funcionado el esquema de esa represión en Mendoza. Se constituyó un tribunal con sede en el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña que dictaba condenas secretas. Se prefiguró el destino de cada uno de las personas que llenaban las listas negras que los mismos militares confeccionaron. Esas sentencias eran de meses o de años y nadie debía saberlo. No faltaron los arrestos de ablande de personas cuyos parientes directos no eran encontrados. Era un mecanismo desalmado que rompía los moldes conocidos.
Tanta gente murió, desapareció o sufrió largo cautiverio en cárceles donde se la aislaba y golpeaba. Muchos no tuvieron siquiera la posibilidad de un juicio o el conocimiento de una acusación. Recuerdo a Aldo Casadidío, poeta pobre que alumbraba versos en bares y rincones solitarios, periodista nunca nombrado que sobrevivía con un flaco sueldo de la Dirección de Información Pública del Gobierno provincial. Y al chico Santiago Illa, sanrafaelino quien estudiaba periodismo, cuyo rastro encontré en la Penitenciaría provincial a través de un documento de valor indubitable. Fueron asesinados no se sabe por qué ni por quienes. Los jueces no investigaron y luego los culpables quedaron amparados por las famosas leyes del perdón. Pero la memoria se obstina en recordarlos como víctimas de una época en la que la vida valió poco y nada.