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Chile, pobreza y por qué es el preferido de los empresarios



Por Mauricio Weibel, de dpa

Las cifras oficiales sobre el nivel de pobreza ocultan hoy la situación de millones de personas en Chile, un hecho que resintió las relaciones de la Cepal con el gobierno de Sebastián Piñera y que centros de estudios alegan que proviene incluso de administraciones anteriores.

“Los gobiernos no han actualizado la composición de la canasta básica de alimentos desde 1987. Si se hace al 2011, la pobreza autónoma sube a 34,9 por ciento, más de 5,5 millones de personas”, dijo a dpa el economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol.

El Gobierno, que está en medio de una polémica metodológica y diplomática con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por la elaboración de las estimaciones oficiales, sólo reconoció este año 14,4 por ciento de pobreza, unas 2,4 millones de personas.
Las cifras de Durán sin embargo están en línea con observaciones que hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien propuso actualizar la canasta de alimentos al menos a los patrones de consumo de 1997.

La metodología del ministro Larraín, quien desde el Gobierno dejó de insistir en el tema, elevaría la pobreza a 28,1 por ciento, unos 4,5 millones de personas.

El tema cobró realce nuevamente después de que el gobierno, tras la disputa con Cepal, anunció que suspenderá la medición de la pobreza hasta los comicios presidenciales del 2013, debido a las críticas.

La desigualdad, la mayor en un país de ingreso medio alto en el mundo según Durán, está detrás de las miles de protestas que se suceden desde el 2011 y que derrumbaron por igual el apoyo al Gobierno y a la oposición de centro izquierda que gobernó Chile entre 1990 y el 2010.

“Pónganse en el lugar de la gente que hoy día sufre de malas políticas y que además tiene grandes dificultades para recibir un salario digno que le permita vivir como corresponde a un ciudadano, en un país donde tenemos 17.000 dólares de ingreso per cápita”, dijo Benito Baranda, director del Hogar de Cristo, principal organización social de lucha contra la pobreza en el país.

El origen de la desigualdad, en un país que en pocos años superará los 20.000 dólares de ingreso per cápita por paridad de compra según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, está ligada a temas tributarios, de negociación colectiva y educación.

En cifras, desde 1990 la productividad de la economía creció 90 por ciento y los salarios reales sólo aumentaron 20 por ciento, según Durán.

Es decir, miles de millones de dólares dejaron de llegar a los bolsillos de los trabajadores, en una economía que creció las últimas dos décadas a una tasa promedio de 5 por ciento anual.

El sistema impositivo, a través de un mecanismo de postergación del pago de tributos de las empresas conocido como FUT, permite además a las grandes compañías dejar de pagar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales, según Durán.

“Es un sistema hecho para financiar a la élite”, resumió el economista a dpa.

Las propias cifras del Gobierno, de acuerdo a la medición de la pobreza en el 2011, indican que 20 por ciento más rico de la población acapara 53,4 por ciento de los ingresos monetarios y que 20 por ciento más pobre recibe 4,9 por ciento.

No obstante, el gobierno de Piñera espera eliminar la indigencia a fines de su mandato, como prometió en su campaña electoral.

En ese marco, y sin entrar en la polémica por las cifras, Cepal observó positivamente una reducción en la desigualdad desde el año 2000, pero insistió en que en Chile y América Latina urge un cambio estructural para la igualdad.

“El tema es la sostenibilidad y complementariedad de las políticas financieras y productivas en el largo plazo, como estrategia para mejorar la igualdad”, dijo a dpa el oficial de asuntos económicos, Gabriel Porcile.

Más concreta, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la comunista Barbara Figueroa, dijo que los trabajadores desean un empleo “que sea productivo y que produzca un ingreso digno”, además de “participación en las decisiones que los afectan”.

La tarea sin embargo no es menor en un país donde los ingresos del cinco por ciento más pobre son 830 veces menores a los del cinco por ciento más rico.

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