De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

21 de abril de 2011

Control estatal: ¿para qué?

Interesante debate se ha disparado desde la semana pasada, cuando el Gobierno nacional levantó la autorregulación que se había impuesto el Estado argentino respecto de su participación, como accionista, en numerosas empresas privadas, antiguas propietarias de las desaparecidas AFJP.
Más allá de las chicanas de ocasión y las argumentaciones tremendistas respecto de una injerencia estatal en el destino de grandes empresas privadas, la discusión de fondo pone de manifiesto una interpretación política del rol del Estado y sus límites de intervención.
En 1994, en pleno menemismo, con aval popular y con la bandera de la recuperada estabilidad económica, se eliminó el sistema solidario de reparto para las jubilaciones y pensiones, y se dio paso al sistema de capitalización privada que se canalizó a través de las AFJP.
El espíritu del sistema era, básicamente, egoísta, la antítesis de lo que hoy se plantea a partir del trabajo de la Anses y los diferentes estamentos del ingreso a la jubilación a ciudadanos que no lograron completar los años mínimos de aportes.
De la mano de este cambio sustancial, el Estado pasó a tener el protagonismo del que fue despojado, con una intención puntual y manifiesta en la regulación de las diferentes fuerzas contrapuestas, en las que se basan los teóricos del neoliberalismo más rancio como mediadoras de todas las batallas, siempre, claro, con el Estado lejos, débil y estúpido.

De a poco, y luego del rotundo fracaso de las políticas neoliberales, el Estado está volviendo a tomar protagonismo, jugando un rol de contrapeso entre los sectores en pugna.
La decisión del Gobierno nacional de hacer concreta su participación en las empresas de las que es accionista –antiguas propietarias de las AFJP– es todo un dato.
Dejando de lado los pronósticos tremendistas que hablan de “injerencia estatal” en el sector privado, lo más básicos preceptos del capitalismo moderno indican que los accionistas debe estar representados en los directorios de las empresas de las que son, en parte, propietarios. Es esto, nada más, lo que está planteando el Gobierno nacional.
Sin estridencias, con la seguridad de que el planteo es absolutamente lógico y, además, legal, la administración de CFK avanza en esa dirección, incluso, rompiendo un bloque duro, como es el de los empresarios. Hasta ahora, sólo Techint ha puesto reparos en el ingreso de directores estatales.

pelos de punta. Las razones esgrimidas por el grupo van desde la exageración de que se trata de una “chavización” del Gobierno hasta la tesis de que se intentará perjudicar a las empresas.
Lo cierto es que la polémica tiene raíces más profundas: por ejemplo, la resistencia de algunos privados a tener sentado en el directorio de su empresa a un representante estatal, que bregará por el reparto de utilidades, que irán a las arcas de la Anses. Y en este punto hay que tener en cuenta que el sistema de jubilaciones y pensiones se basa en el reparto solidario de fondos.
Según algunas estimaciones, aún imprecisas, el sistema podría estar recaudando, por año, entre 4.000 y 6.000 millones de pesos en dividendos de las compañías con acciones en manos del Estado. Es decir, si a las empresas les va bien, a la Anses también, y, por ende, al sector pasivo. No es tan difícil de entender.

a repartir. Tampoco es un misterio por qué algunos se oponen a esto: con un director del Estado en la mesa chica de las empresas privadas, las maniobras y chanchullos para, por ejemplo, no repartir utilidades entre los accionistas, se harían más difíciles de maquillar. Los grandes grupos económicos, las grandes empresas y compañías, como nunca, deberían rendir cuenta de sus actos antes los ojos del Estado argentino. Inédito escenario que no haría otra cosa más que redituar en beneficios para el conjunto de la sociedad.
Ya lo dijo Diego Bossio, titular de la Anses, y caló hondo: lo que busca el Estado, como accionista de Siderar, el Grupo Techint, es saber “cómo se distribuyeron los 6.455 millones de pesos acumulados en los años anteriores”, de los que el Estado no ha visto un peso.
En cuanto a los efectos concretos de la medida, en lo sustancial, no cambiará nada. El Estado no podrá decidir caminos de acción de las empresas, ni cambiar planes de inversión, ni definir un nuevo perfil, ni siquiera modificar el lugar de reunión. Es que, en todos los casos, los accionistas mayoritarios van a continuar, como hasta ahora, teniendo el control absoluto de las firmas.
Pero, como decíamos al principio, esta “fobia” al director estatal no afecta a todas las empresas que tienen de accionista al Estado. De las 42 ex propietarias de las AFJP, 32 ya aceptaron el ingreso de los nuevos directores, cumpliendo con lo que dice la ley.
Incluso, desde la semana pasada hasta ayer, al menos seis empresas ya realizaron sus reuniones de directorio habituales con el representante del Estado sentado en la misma mesa.
Es por todo esto, que la estrategia de Techint es poco menos que incomprensible. El holding ha puesto el grito en el cielo con débiles argumentos en la mano. Tanto es así que amagó con ir a la Justicia, pero, al darse cuenta de que era una batalla perdida, decidió ir por la vía política, seguro de que el arco opositor tomará como propia una pelea ya perdida.
El mismísimo Julio Cobos, rememorando sus tiempos de gloria cuando se discutió la Resolución 125 en el Congreso, se manifestó de acuerdo con que la eliminación de la autorregulación estatal pase por el Parlamento. Es de esperar que ni por asomo el conflicto se acreciente a aquellos niveles, justamente por la legalidad de la medida y por las diferencias en el accionar de las diversas empresas.
En la discusión, cómo no, también está metido el Grupo Clarín, histórico aliado de Techint. El Estado tiene 9% de las acciones del holding mediático, porcentaje que no le da derecho a sentar a un director en la mesa chica. No obstante, la toma de posesión de acciones por parte del Estado choca de bruces contra la filosofía político-económica que impera en el establishment argentino, del cual es digno vocero el Grupo Clarín, y repetimos el argumento: mientras mas lejos, débil y estúpido sea el Estado, mejor.
Es aquí donde radica buena parte de todas las polémicas, peleas y operaciones de prensa de los últimos años. La reestatización de Aerolíneas, la desaparición de las AFJP, la Ley de Medios, la investigación sobre Papel Prensa, el agresivo accionar de la AFIP, entre varias otras cuestiones, dan el contexto correcto para entender las posturas de unos (kirchnerismo) y otros (establishment).
En el medio, que la oposición, desdibujada, golpeada, con la única posibilidad de trascendencia atada a las órdenes que recibe de los sectores mediático-empresarios. Con la demasiada sutil diferenciación que intenta sentar Ricardo Alfonsín, así es muy difícil que un discurso pro-empresarial como el que dominó en los 90, haga mella en una sociedad que sufrió aquellos postulados.

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