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Defender a Massera

Murió Massera. Fue el lunes y pasó casi desapercibido. No era uno más de los asesinos, ladrones y usurpadores del poder que vestían uniformes y que saquearon el país. Se trataba de un tipo especial: por la crueldad de sus métodos, por ser el amo y señor de la ESMA, por intentar transformarse en un líder político y ser presidente de la Nación luego de ganar elecciones.
Además fue el jefe de la Marina, la rama de las fuerzas armadas más retrógrada y reaccionaria.
La Marina, justamente, cuenta con el aval de un medio de comunicación de alcance regional que reivindica los horrores de la última dictadura militar. Hablamos de uno de los diarios más importantes y tradicionales del país, La Nueva Provincia, que se edita en Bahía Blanca, ciudad que es, sin duda, el corazón de la Armada Argentina.
Dirigido por Vicente Massot, viceministro de Defensa de Carlos Menem, el diario ha sido muy consecuente con su línea editorial de defensa absoluta de las calamidades de la dictadura militar.
En su edición del martes publicó una editorial titulada Murió el almirante Massera. Primera mentira: a Massera le fue quitada su condición de marino cuando fue condenado en 1985 en el histórico juicio a las Juntas.
Luego, entre otras manifestaciones amañadas y parciales –algunas directamente mentirosas y otras elaboradas luego de increíbles interpretaciones– afirma cosas como por ejemplo: “(Massera) demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra”; “(Su muerte) despertó la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar”; “(Massera) tuvo especial protagonismo a partir del pronunciamiento militar (sic) del 24 de marzo de 1976, aunque no fue la mezcla de Maquiavelo y asesino serial que han pintado sus enemigos, tan feroces a la hora de enjuiciarlo con la pluma como lo habían enfrentado antes en esa tremenda guerra civil (sic) en la cual ellos llevaron la peor parte”; “(Massera) tuvo la descomunal y trágica potestad a la vez de ser –junto con los otros miembros de la Junta de Comandantes– dueño de la vida y de la muerte de las personas, algo que ni siquiera Rosas en el siglo XIX y tampoco Perón en el siguiente tuvieron en esa escala. A veces ese poder se usó mal”; “Si hicieron bien o mal (los militares usurpadores) en aplicar los métodos antiterroristas por todos conocidos es algo que seguirá siendo materia de discusión por espacio de décadas”, y “el flagelo subversivo fue cortado de raíz, ahorrándole males inimaginables al país”.
El escrito –para coleccionar por el nivel de provocación hacia las miles y miles de víctimas de la última dictadura– no lleva firma, pero según el diario Página/12 de ayer, “se reconoce la pluma del director Vicente Massot”.
Quién lo escribió no tiene ninguna importancia, lo que sí es para tomar muy en cuenta es que los reivindicadores de los crímenes y tropelías de la dictadura están vivos, activos, trabajando cada uno a su manera para llegar de una vez por todas a una hipócrita “reconciliación” entre argentinos. Eso no es más que impunidad para asesinos y ladrones, torturadores y estafadores, violadores y traidores.
Digamos las cosas como son: hay un sector de la sociedad argentina que, pese a las pruebas monumentales del daño inédito que le hizo la última dictadura militar al país, con el aval de los sectores más conservadores y el gran capital nacional y extranjero, insisten con relativizar lo imposible, siguen hablando de “guerra civil”, se burlan del sentido común de cualquier ciudadano de cualquier país del mundo que se horroriza al conocer los detalles del saqueo y el exterminio perpetrado por argentinos contra argentinos.
El escrito que publica, orgullosamente, el diario La Nueva Provincia es una simple prueba, una más, de que quienes añoran aquella realidad, donde lo que se buscó a través de los peores métodos fue imponer el modelo económico que estalló en el 2001, no se han rendido.
Son los que tocaron bocina cuando conocieron la muerte de Néstor Kirchner. Son los que hablan de persecución cuando la Justicia juzga y condena a ex militares. Son también los que no entienden absolutamente nada de nada y repiten cual loros consignas mamadas desde la cuna. Son quienes forman parte del coro de ignorantes que repiten que “los derechos humanos son para todos no sólo para los delincuentes”. Son, también, los que critican la política de derechos humanos del Gobierno nacional actual y del anterior.
Las atrocidades que ocurrieron en este país fueron de tal magnitud que todos, absolutamente todos los habitantes de la bendita Argentina, tenemos la obligación de estar consustanciados con la defensa de la Constitución nacional, las leyes, las instituciones de la república y la democracia. La razón es muy simple: si por alguna razón nos vuelve a pasar 5% de lo que se vivió bajo la última dictadura militar, los resultados serían desastrosos.
Es imprescindible que tomemos conciencia con perspectiva histórica respecto de las consecuencias de aquel período, sin dudas el más oscuro y criminal de la breve historia de este país.
La locura de estos tipos y la sensación de impunidad y descaro para leer como quieren lo que quieren de un período histórico están sintetizadas en este párrafo del editorial de La Nueva Provincia del 24 de marzo de 1976, el día del “pronunciamiento militar”: “No se trata de comprometerse con la letra fría de la Carta Magna, sino de solidarizarse con lo que ella consagra para el bienestar de la familiar argentina”.
Ese pensamiento sigue vivo: ¿qué sentido tiene respetar lo que dice la Constitución si, según mi criterio, su razón superior es infinitamente más importante que lo que está ahí escrito?
Es una obligación confrontar, crisparse, ante quienes minimizan, relativizan o directamente tergiversan las más horrorosas acciones.

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