De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

30 de septiembre de 2010

Pedido de previsión y memoria completa

Mendoza no está acostumbrada a juzgar a los autores materiales del terrorismo de Estado.
En una seguidilla que figurará en los libros de historia, por un lado en San Rafael y por el otro en la Capital, serán juzgados y eventualmente condenados quienes materializaron la política de terror y asesinatos instaurada por la última dictadura militar.
Según plazos estimados por autoridades judiciales, a principios de noviembre habrá sentencia en el Sur mendocino, y poco después, el miércoles 17 de noviembre, comenzará en los Tribunales Federales de la Ciudad de Mendoza otro debate, donde se intentará determinar la responsabilidad penal de una decena de acusados.
Estas dos cuestiones –insistimos, históricas– están poniendo muy nerviosos a diferentes sectores, que no sólo apoyaron sino que también participaron en el terrorismo de Estado en su versión vernácula.
En el juicio de San Rafael se han ventilado íntimas relaciones entre la jerarquía eclesiástica de la época con los represores. En otros lugares del país, esta conexión quedó clara, con pruebas y todo, hace tiempo (incluso, un cura, Christian von Wernich, fue condenado en La Plata), pero para la tranquila Mendoza, esta es una cuestión novedosa.
En el juicio “chico”, el de San Rafael, también se ha salpicado a la familia Félix, por la participación de Chafí como intendente durante la dictadura. Hoy, sus hijos son importantes dirigentes del PJ: uno es diputado nacional (Omar) y el otro, jefe comunal (Emir).
Como consecuencia de todo esto, según los organismos de derechos humanos, la habitual tranquilidad del pago sureño se ha visto trastocada. El colmo se produjo la noche del lunes, cuando desconocidos ingresaron a la casa de la tesorera de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael, Alicia Morales, revolvieron todo y se llevaron un sable del padre de la dirigente social. Previamente, hubo escaramuzas por panfleteadas en favor y en contra de los Félix. O sea, el clima se va enrareciendo, de a poco, y nada garantiza que no se produzcan nuevos incidentes cuando se acerque la lectura de la sentencia.


el juicio “grande”. Por implicados, casos y lugar físico de realización, el debate que se llevará adelante en los Tribunales Federales de Mendoza, en España y Pedro Molina, podría considerarse como el juicio “grande”, en comparación con el que se realiza en San Rafael.
Como adelantamos en este mismo espacio hace un tiempo (http://www.elsolonline.com/noticias/viewold/35219/el-juicio-que-nos-pondra-a-prueba), pasará lo que ha pasado en todos los lugares del país cuando se ventilan los peores años de la historia argentina: aparecerán nombres, direcciones, lugares que implicarán como colaboracionistas del Proceso a abogados, jueces, religiosos, políticos, civiles en general.
Debemos valorar la experiencia de lo que está ocurriendo en San Rafael. Tanto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), que será el que llevará adelante el debate –que durará varios meses–, como el Gobierno provincial –querellante en las causas e impulsor entusiasta de los juicios– deben tomar las precauciones del caso para evitar episodios como los ocurridos en el Sur. Hay que tener en cuenta que no pocos dirigentes políticos estuvieron, convencidos, colaborando con las autoridades ilegales en la provincia entre 1976 y 1983. Incluso, algunos son hoy respetados hombres que juegan con las reglas de la democracia, tanto en el ámbito público como en el privado.
De no tomarse las precauciones del caso, que no sólo tienen que ver con ponerles custodia a los testigos, por ejemplo, podríamos estar ante una peligrosa escalada de violencia política como nunca ha ocurrido en Mendoza desde el 83 a esta parte.
El comentario no tiene nada de alarmista, sino que, simplemente, busca dejar en claro que se estarán ventilando nombres de pesos pesados, que no dudaron en colaborar con gobiernos asesinos y ladrones por conveniencias económicas o por convencimiento ideológico. Para que quede claro: quien duerme tranquilo luego de haber sido parte, ¿qué problema podría tener en amenazar a un testigo, a los mismos jueces o, incluso, contratar mano de obra desocupada de otros tiempos para sembrar temor en la sociedad?
Uno de los jueces que conformarán el TOF 1, Héctor Cortés (remplazará a la magistrada María Estela Blanco, recusada), está participando en el TOF 2, el tribunal que lleva el juicio en el Sur. La experiencia del magistrado será clave a la hora de diagramar las medidas de seguridad que se tomarán en torno a la sala de debates –donde el ingreso estará restringido– y a la zona de los Tribunales Federales, que podría incluir también la Municipalidad de la Capital, donde se tiene la intención de transmitir en vivo, en su microcine, las instancias del debate que se realizará a 100 metros de ahí.


un poco de luz. No es extraño escuchar o leer temerarias consideraciones respecto de los juicios contra acusados de genocidas o torturadores, que no buscan otra cosa que relativizar los procesos y, en definitiva, la administración de justicia.
Se lanza en la mesa de café o mediante un comentario en una red social que “los juicios deben ser para los dos bandos, no para uno solo”. Aunque parezca mentira, esta frase, de una ignorancia manifiesta, se repite de boca en boca por quienes no se toman el tiempo de hacerse algunas preguntas básicas que, a esta altura, deberían estar ampliamente respondidas.
La calificación de delitos de lesa humanidad (de leso, agraviado, lastimado) fue realizada por el llamado Estatuto de Roma, firmado en la capital italiana el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, justamente, el germen de lo que luego sería la Corte Penal Internacional.
Los delitos de lesa humanidad comprenden asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, desaparición, secuestro u otros actos inhumanos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Esta definición fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2007.
Tres años antes, la Corte dictó un fallo por el cual establece la imprescribilidad de este tipo de crímenes y, por lo tanto, debe perseguirse su resolución en forma permanente.
Durante la segunda mitad de los años 80, luego de la condena a las tres primeras juntas militares del Proceso, se juzgó y condenó a los cabecillas de las organizaciones guerrilleras. Claro que por delitos que no son de lesa humanidad, por lo que hoy están prescriptos.
Responsables penales militares y guerrilleros, los jefes de “los dos bandos”, como gusta decir a los “doña Rosa”, fueron indultados por Carlos Menem mediante una seguidilla de decretos entre 1989 y 1990.
Parece increíble que, luego de tanta agua pasada bajo el río, mucha de ella teñida de rojo, haya ciudadanos que aún no tienen en claro que lo que pasó en este país en los 70 fue y debe ser juzgado, interiorizado y publicado, con la trascendental razón de que no se repita. Como se ve, las consecuencias de aquellos años aún las pagamos y están más presentes que nunca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario