De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

23 de septiembre de 2010

Llegamos

Si en algo no ha sido tibio el Gobierno provincial, criticado muchas veces con toda la razón por no mostrar un perfil claro y un camino concreto, es en su política de derechos humanos. Al menos en los últimos años, luego de aquel yerro que significó convocar al Partido Demócrata y a sus integrantes para comandar el Ministerio de Seguridad. El ensayo –el de un gobierno compartido entre el peronismo y el PD que lo impulsó Alejandro Cazabán, el secretario general– duró un suspiro.
Poco tiempo después se tomó una decisión política en absoluta sintonía con el Gobierno nacional. El justicialismo mendocino es adherente político –encabezado por el hiperperonista Rubén Miranda– a la conducción de Cristina y Néstor Kirchner, como así también el Ejecutivo local. Hablamos de derechos humanos y la avanzada sin precedentes en tiempos democráticos respecto de la búsqueda de castigo a los responsables de los atroces crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
llegamos. Desde el 9 de diciembre de 1985, día en que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal sentenció a los jerarcas de la dictadura, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hasta mediados del 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación, no hubo decisión, ánimo ni convicción para cerrar una historia que aún nos duele. Hubo, eso sí, leyes de amnistía, de perdón retroactivo e indultos.
Hoy, a poco menos de 25 años de aquella condena histórica, por fin Mendoza puede darse la oportunidad de someter a juicio, con todas las garantías que dan la ley y la Constitución, a los acusados por delitos de lesa humanidad.
El proceso en San Rafael está a poco de terminar, y ahí nomás, a los pocos días, más precisamente, el 17 de noviembre, arrancará el debate que tendrá como escenario nada menos que nuestra ciudad, entendiendo por ella todo el Gran Mendoza.
Desde este mismo espacio ya hemos analizado (ver diario El Sol del 9 de setiembre del 2010, página 13, columna titulada El juicio que nos pondrá a prueba, o por internet en www.elsolonline.com/noticias/viewold/35219/el-juicio-que-nos-pondra-a-prueba) las consecuencias, inciertas, que acarreará el debate. Estamos ansiosos, por qué no decirlo, ya que por primera vez en un tribunal se van a ventilar las historias que hemos escuchado e incluso escrito en cientos de oportunidades, cada 24 de marzo o por cuestiones coyunturales, en esta bella metrópolis.
Ahora, de acuerdo a la decisión tomada el lunes por el Tribunal Oral Federal 1, desde el miércoles 17 de noviembre, todo se corporizará en pruebas judiciales que buscarán, justamente, probar responsabilidad penal de los ex representantes del gobierno de facto en la provincia.


cómo llegamos. Todo lo anterior, y volviendo al principio, tiene como explicación dos cosas: por un lado, la decisión política de las administraciones K, y por otro, la coherente postura del Gobierno provincial a estos postulados, que tienen que ver con el impulso a los juicios y también –no es para nada menor– la depuración definitiva de la Justicia federal del país en general y de Mendoza en particular, de magistrados demasiado sospechados de, al menos, hacerse los distraídos ante el horror.
El ministro de Gobierno, Mario Adaro, y la titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, María José Ubaldini, son los funcionarios que ratifican, cada vez que pueden, la postura.
En noviembre del 2008, Mario Adaro asumió como ministro de Gobierno en remplazo de Juan Marchena, y le planteó al gobernador su idea de ir con todo contra la corporación en la Justicia federal mendocina, que no sólo está con las manos manchadas por su rol en la dictadura, sino que también está sospechadísima de siempre responder amablemente a los requerimiento de los poderes económicos más concentrados. Con todo, Jaque le dio el aval a Adaro para avanzar, y así lo hizo.
A saber:


= Lo que en la gestión de Julio Cobos era una Coordinación de Derechos Humanos fue elevado a la categoría de dirección por el actual gobierno. No es mucho pero es una toma de posición.
=Se tomó la decisión de que el Estado provincial, a través del Gobierno que lo administra, se convirtiera en querellante en algunas causas por desaparecidos, esas mismas que se ventilarán desde el 17 de noviembre en los Tribunales Federales.


= El Gobierno local firmó un convenio con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) por el cual le otorgará un subsidio. El MEDH es uno de los más importantes querellantes en el juicio por delitos contra los derechos humanos, con más de 40 causas.


= También denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los camaristas federales sospechados de colaboracionistas –Otilio Romano y Luis Miret–, acompañando a los organismos de derechos humanos y a víctimas de la represión ilegal.


= Como última cuestión a tener en cuenta y que marca una tendencia plausible, según este cronista, es el apoyo absoluto, indisimulado y hasta orgulloso del Gobierno provincial al fiscal federal para delitos de lesa humanidad, Omar Palermo, quien desde el lunes es, además, fiscal general federal de Cámara. En la ceremonia de toma de cargo realizada en los Tribunales Federales, la plana mayor del equipo de gobierno de Celso Jaque dijo presente para felicitar a Palermo, un aliado en la lucha, según los más consustanciados con la causa. Cazabán, Adaro, Fernando Simón, Francisco Pérez y Carlos Quiroga Nanclares fueron los principales funcionarios provinciales que se fundieron en un abrazo con Palermo luego de la jura. Más que un dato, un manifiesto apoyo a su trabajo, en las antípodas de los camaristas en la mira.


La presencia en un acto cargado de simbología y lecturas políticas del radical Ernesto Sanz y el cobista Juan Carlos Jaliff atesora la esperanza de que el camino hacia la depuración del fuero federal local sea una decisión de la clase política y no sólo de un gobierno. Ojalá.

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