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La Justicia federal, en crisis por el enfrentamiento entre jueces

El ciudadano de a pie, algunos periodistas y buena parte de los abogados que suelen litigar en la Justicia federal mendocina ven con espanto el polvorín en que se ha convertido el edificio de España y Pedro Molina. Ni hablar de la situación de los empleados, rehenes de cada sector: el de los camaristas sospechadísimos y denunciados por varios flancos y el de los denunciantes y quienes sustancian el proceso penal.
La última novedad que hizo temblar los cimientos de la Justicia federal local fue la renuncia del juez de Cámara Luis Miret, el martes, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Según fuentes de ese ministerio, el veterano magistrado aduce en el escrito –que llevó personalmente hasta la mesa de entradas de la cartera nacional– que renuncia ya que cumple los requisitos para jubilarse, es decir, edad y aportes, y que estas razones deben ser tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo Nacional para aceptarle la dimisión. Textualmente, Miret plantea: “Baso mi renuncia en la circunstancia de haber cumplido el 12 del corriente mes 72 años de edad y 54 consecutivos en diversos cargos en el Poder Judicial de la Nación y ya deseo hacer efectiva la jubilación, porque a mi edad ya siento que empieza a afectar mi rendimiento en el alto cargo de la magistratura que desempeño”.
El futuro de Miret ahora está más que nunca pendiente de una decisión meramente política, esa cosa imprescindible en la vida democrática que tanto denostan, en general, los hombres de leyes.
Como ya se ha dicho, lo que busca Miret es zafar de la destitución a manos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Pero para que esto pase, su renuncia debe ser aceptada por la presidenta Cristina Kirchner, cuestión que nadie de los conocedores del caso puede aventurar cuándo será. Incluso, algunos dudan de que la mandataria le allane el camino a Miret, justamente por tratarse de un magistrado sospechado de ser, al menos, indiferente a los horrores de la última dictadura militar. Este dato, más la política de derechos humanos de las administraciones K, lo único que hacen es ensombrecer el panorama del juez. Incluso, el reglamento procesal del Jurado de Enjuiciamiento, en el artículo 5º, es muy claro. Dice: “Renuncia o fallecimiento del enjuiciado. En caso de producirse la renuncia del magistrado durante la sustanciación del proceso, concluirá el procedimiento y se archivarán las actuaciones, una vez que aquella (la renuncia) haya sido aceptada por el presidente de la República. La misma resolución se adoptará en el supuesto de fallecimiento del juez”.


¿y mientras tanto? Conocedores del paño de la Justicia federal mendocina no dejan de sorprenderse de las derivaciones de las acusaciones tanto ante el Consejo de la Magistratura como en el fuero penal a dos de los tres integrantes de la Cámara de Apelaciones de Mendoza –Otilio Romano y Luis Miret; el cuerpo se completa con Alfredo López Cuitiño–, y, a su vez, a tres de los cinco integrantes de la Cámara Federal y sus salas A y B (Romano, Miret y Julio Petra; los otros integrantes son López Cuitiño y Antonio Endeiza). Sin dudas la situación es extraña. E inédita, dicen los conocedores, en el país.
Miret –lejos, el más complicado–, Romano y Petra están denunciados ante el Consejo de la Magistratura, mientras los dos primeros, además, han sido imputados por el juez Walter Bento por decenas de supuestos delitos, a instancias del miembro de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, Omar Palermo, desde el lunes fiscal general de Cámara. Sí, de la misma Cámara que integran los que él mismo denunció. Un desquicio.
“La situación en los Tribunales federales atenta contra los derechos de las partes y al debido proceso. No puede ser que estén todos peleados. Está claro que los involucrados no tienen la claridad mental necesaria para resolver los conflictos de terceros si tienen ellos mismos conflictos que resolver y que los involucra”, esta descarnada descripción corresponde a un abogado, quien pidió reserva de su nombre, que suele litigar en el edificio de España y Pedro Molina.
Otro hombre de leyes que conoce los pasillos de la Justicia federal local compartió el diagnóstico y aventuró una posible solución a la situación, que calificó de “insostenible”: “Los camaristas (acusados) deben dar un paso al costado porque no tienen la tranquilidad necesaria para resolver”. Romano está de licencia médica, y Miret, posiblemente, hoy sea suspendido en su cargo, por lo que, de hecho, se dará la “depuración” que el abogado propone.
En la misma línea, pero yendo aún más al fondo de la cuestión, otro letrado opinó que lo mejor para sortear el escollo es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio de una acordada, le recorte facultades a la Cámara de Apelaciones de Mendoza para garantizar “el normal funcionamiento del fuero”.
Otro consultado por este cronista, al que le hizo jurar mantener el off de record, lanzó la más acertada metáfora para entender qué pasa en la Justicia federal local y las consecuencias para miles de ciudadanos que se supeditan a uno de los poderes del Estado para que les resuelva tal o cual situación. Tiró el hombre: “Es como ir a un hospital a curarse y resulta que todo el hospital está enfermo, y es el único hospital”.
Lo que preocupa a quienes dependen de la decisión de funcionarios judiciales inquietos por las acusaciones que pesan en su contra, son las peleas personales, que en definitiva terminan trastocando el principio de justicia.
“El ambiente adentro es insoportable, está enrarecido”, cuentan desde el riñón del edificio. Y uno de los abogados consultados afirma: “El trato entre ellos (por los camaristas acusados y sus acusadores), debe ser permanente, cordial, tranquilo, porque ese es el mejor estado para tomar decisiones que afectan a terceros”.
El sombrío panorama se complicará aún más desde el lunes, cuando Omar Palermo jure como fiscal de Cámara. Y, entonces, el tráfico de expedientes entre él y los camaristas será permanente, incluso hasta algún caso puede requerir una reunión cara a cara entre denunciados y denunciante. El dato, que se conoció ayer por la mañana, respecto de que Palermo anda con custodia, y los supuestos dichos de Romano tirando al aire una amenaza al fiscal, tensan la cuerda a tal punto que hace imposible el funcionamiento, medianamente normal, de los Tribunales federales. Pero, como dijo uno de los abogados consultados, “la rueda no se para porque la estructura sigue funcionando gracias a los empleados, que la deben estar pasando bastante mal”.

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