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El juicio que nos pondrá a prueba

Si los pronósticos que se manejan en la Justicia federal mendocina se cumplen, en noviembre comenzará el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, con epicentro en la Ciudad de Mendoza, más precisamente, en el edificio de los Tribunales Federales locales, en España y Pedro Molina.
La referencia al lugar físico donde tendrá lugar este proceso oral y público no es irrelevante. Más bien, todo lo contrario.
Estando en marcha el juicio en San Rafael contra el ex teniente Aníbal Guevara y los ex policías Raúl Ruiz Soppe, Juan Labarta y Raúl Egea Bernal por las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón, no son pocas las “personalidades” sureñas que se han visto nombradas, para bien o –sobre todo– para mal en las largas jornadas de debates.
La última novedad respecto de estos “daños colaterales” se produjo el martes, cuando Chafí Félix, padre del diputado nacional Omar Félix y del actual intendente Emir Félix, fue señalado por la testigo y ex detenida política María Esther Dauverné como entusiasta colaboracionista de las ilegales autoridades militares del departamento en épocas de la última dictadura.
Volviendo al debate que se iniciará, días más, días menos, en noviembre en Mendoza es de esperar que situaciones parecidas a la protagonizada por Dauverné se produzcan, una tras otra, en el capítulo “capitalino” de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y, en ese caso, no se tratará de lejanos abogados, médicos o políticos del Sur provincial, sino que saldrán a la luz nombres de reconocidos personajes mendocinos –capitalinos– de los más diversos ámbitos, quienes vivieron con cierta tranquilidad mientras una y otra vez se postergaba el juicio que esperó más de 25 años y que debe impartir justicia por los desaparecidos mendocinos.
con nombre y apellido. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) será el que llevará adelante el debate –que durará varios meses– y estará conformado por los jueces Juan Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortes. Este último pertenece al TOF2 pero remplazará a María Estela Blanco, de familia de militares, quien fue recusada por esta situación por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), aunque no tiene familiares acusados.
En el banquillo estarán sentadas diez personas, entre ex militares, ex policías y un médico. Ellos son: el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez; el ex coronel Tamer Yapur (“gobernador” de Mendoza); el ex jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio; el comisario retirado Eberto Edgardo Villegas; el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal; el médico Celustiano Lucero; los comisarios retirados Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda; el ex general Mario Lépori y el ex oficial de policía Luis Alberto Rodríguez Vázquez. El ex coronel Orlando Dopazo también era de la partida, pero falleció en febrero.
Los acusados están implicados en 17 causas que incluyen a 24 víctimas.
El debate oral será cruzado por varios temas, todos muy interesantes para conocer de primera mano y saldar una de las deudas de la democracia: la participación civil y de funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado.
Los nombres de los cuestionadísimos e imputados camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano se escucharán, insistentemente, en los relatos de los testigos. Esta es la razón, según altas fuentes de la misma Justicia federal y de organismos de derechos humanos, por lo que el juicio mendocino se retrasó tanto y se pusieron tantos palos en la rueda para que no se hiciera nunca. Esto no sucedió, y se hará el juicio, pese a quien le pese, por la lucha de los organismos, por la presión de los familiares de las víctimas, por el accionar de funcionarios judiciales federales comprometidos con la búsqueda de justicia y por la decisión política, primero, del Gobierno nacional, y luego, del Gobierno provincial para que las causas avancen. De otra manera, la impunidad con la que coquetearon y de la que disfrutaron por años decenas de pesos pesados se habría impuesto eternamente.


civiles y militares.
Ya hemos reflexionado en este espacio sobre los daños que provocó la última dictadura militar y que aún hoy nos duelen, y nos seguirán doliendo durante décadas.
Entre ellas, la herencia económica se lleva el primer lugar. ¿De qué manera, si no, se entiende el modelo de exclusión que se impuso a sangre y fuego en 1976 y que se extendió hasta el 2001?
Para que ese camino pudiera transitarse, no era posible que los militares avanzaran solos. Hubo colaboracionistas que aún hoy nos dan clases de institucionalidad desde algunos medios que tienen de todo menos vergüenza.
En relación a este macrotema íntimamente relacionado con las tropelías militares, en el juicio mendocino se hablará del despojo que sufrieron los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl Masera Pincolini (los tres desaparecidos) y del traspaso, a todas luces ilegal, de su empresa Cerro Largo, que se convirtió en Will-Ri SA, una sociedad conformada por miembros de la Armada Argentina o testaferros es estos. En los terrenos de esa firma hoy se levanta el barrio con las casas más paquetas de Chacras de Coria. Sus calles, como todos sabemos, tienen nombres que suenan a burla: Justicia, Honor, Bondad.
El saqueo a la familia Greco también sobrevolará el debate, y en ambos casos, Greco y Will-Ri, no había forma de concretar el robo sin la participación de decenas de abogados, contadores y escribanos que aún hoy, muchos de ellos, están entre nosotros.


un antes y un después. El saber popular tiene a Mendoza como una provincia conservadora. El juicio que comenzará en noviembre pondrá a prueba a nuestra sociedad. Lo peor de la historia argentina tomará forma, sus fantasmas se corporizarán en una sala de debates, los nombres, las fechas, las situaciones, los lugares que todos conocemos y por los que pasamos habitualmente serán mencionados como escenarios de torturas, asesinatos, golpizas, despojos y saqueos. Insistimos: será un desafío, deberemos, como mendocinos, hacernos cargo de una etapa del país que también tuvo su relato en la bella Mendoza. Deberemos aferrarnos con entusiasmo a la Justicia para cerrar las heridas de la única manera posible: con los culpables tras las rejas.

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