De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

7 de septiembre de 2003

7) Estrategia para juzgar a los represores en Mendoza

7) Estrategia para juzgar a los represores en Mendoza

Por Pablo Icardi

Luego de que el Congreso de la Nación anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un grupo de abogados mendocinos junto con las asociaciones defensoras de los derechos humanos trabajan en una estrategia para juzgar a en Mendoza a los militares, policías y civiles que participaron del terrorismo de Estado. El tema es coordinado con los abogados que llevan los juicios en el resto del país, quienes quieren llevar adelante una acción conjunta. Pero el tema en Mendoza es más complicado.
Es que en la provincia dicen tener en contra a miembros de la Justicia federal por estar identificados con el proceso golpista: muchos fueron designados en esa época y, dicen, “así no se garantiza imparcialidad”.
Por esa razón en Mendoza no se presentó un recurso de nulidad de las leyes. “No queremos generar un antecedente negativo. Si en Mendoza la Justicia federal se declara en contra de la nulidad, puede generar una jurisprudencia que juegue en contra para todo el país”, dijo uno de los abogados que trabaja en el tema.
Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la nulidad de las leyes, estarían en condiciones de abrirse más de 50 causas referentes a Mendoza que quedaron anuladas entre 1986 y 1987.
Cuando se decidió juzgar a los militares, la Justicia federal mendocina se declaró incompetente y los jueces cordobeses tomaron los casos de toda la “Zona 3”, aplicando el Código de Justicia Militar (según la organización militar en ese distrito estaba todo Cuyo, el Norte y la base estaba en la provincia mediterránea).
Pero llegado el caso de la apertura de los juicios, los abogados quieren que ex militares y policías que actuaron en Mendoza sean juzgados aquí.

La estrategia

El primer paso de la acción sería lograr que se traigan las causas. Pero eso no sería lo más complicado. Según opinan los juristas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza “está muy identificada con el proceso y es proteccionista de los militares”. Por eso intentarán que no sea la Cámara federal la encargada de las causas, sino que sean tratadas por los jueces de primera instancia.
En ese sentido, esta semana ya hubo un avance. La Cámara Federal porteña reabrió las causas contra los militares y, lo más importante, declaró que los juicios deben hacerse de acuerdo al Código Procesal Penal y no con el Código Militar. Esto haría actuar a los jueces de primera instancia.
Otra clave de la apertura de los juicios es la declaración de delitos “imprescriptibles” que determinó el Congreso. Y de tipificar los delitos cometidos por la dictadura como de “lesa humanidad”. “Estamos frente a crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la tipología adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1945”, dijo Pablo Salinas, abogado de familiares de desaparecidos.

Sospechados

La Justicia federal de Mendoza es, junto con la de Tucumán, una de las más identificadas con el proceso. Ya en la década del 80 el presidente de la Cámara Federal, Luis Miret, se autoexcluyó de los juicios por ser íntimo amigo de Juan Pablo Saá, una de las figuras emblemáticas de la dictadura en la provincia.
Una de las justificaciones de esas sospechas es la falta de renovación que hay en los tribunales. Tanto en la Cámara Federal, como en los Tribunales Orales hay jueces que fueron designados en la época de la dictadura. Entre ellos están Luis Miret, Otilio Romano, Juan González Macías, Carlos Pereyra González y Roberto Nacif. El hecho de haber sido nombrados durante la dictadura no significa que, ‘per se’, haya parcialidad en las causas. Pero los abogados creen que algunos jueces deberían abstenerse de participar.

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