De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

7 de septiembre de 2003

3) El pasado político y el laberinto jurídico

3) El pasado político y el laberinto jurídico

Por Cristian Ortega

El actual debate sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -que fueron anuladas por el Congreso recientemente y hoy están a disposición de la Corte Suprema de Justicia–, puede significar el final de un intrincado camino de decretos y leyes que en su momento y con contextos particulares, intentaron la tan mentada “pacificación del país”. Los intentos, en general, siempre beneficiaron a los militares que en un primer momento fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, en 1985, gracias a un decreto del ex presidente Raúl Alfonsín, que no dejaba a resguardo a los subalternos.
Para entender este andamiaje legal, es necesario recorrer los decretos y leyes que fueron dictados y promulgadas durante los últimos 30 años.
Durante la administración de Isabel Perón, en febrero de 1975 se firmó el decreto 261, con el que el Ejército tomaba el mando para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
En octubre de ese año, por una seguidilla de tres decretos (2.770, 2.771 y 2.772), se conformó el Consejo de Seguridad Interna, con amplia participación militar. Este órgano tenía la posibilidad de controlar las policías y personal penitenciario de las provincias.
En 1983, el 23 de marzo, la dictadura, ya en retirada, promulgó la llamada ley de autoamnistía (22.924). El artículo 1º decía: “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”. El artículo 5º de esta ley completaba la red de impunidad: “Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley”.
Diciembre del 83, apenas asumido Alfonsín, fue un mes movido. Se intentó echar luz sobre los años oscuros. Así fue como el entonces presidente firmó el decreto 157 el 13 de ese mes, conocido como “la tesis de los dos demónios”. Ordenaba la persecución penal de los jefes de la guerrilla. El artículo 1º decía: “Declárase la necesidad de promover la persecución penal (...) contra Mario Eduardo Firmenich; Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Armando Obregón Cano; Rodolfo Gabriel Galimberti; Roberto Cirilo Perdía; Héctor Pedro Pardo; y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público”.
Ese mismo día, otro decreto, el 158, ordenaba el juzgamiento de las juntas militares. “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”, decretaba Alfonsín.
Días después, el mandatario, quien contaba con un colosal apoyo popular, impulsó la sanción en el Congreso de la ley que anulaba la autoamnistía. Fue la 23.040 del 22 de diciembre de 1983.
El gobierno alfonsinista, con problemas económicos y a poco de perder las legislativas del 87, decidió impulsar la Ley de Punto Final (23.492), para dejar fuera de los procesos penales a todos aquellos que no fueron juzgado en el histórico proceso a las juntas militares de 1985. El artículo 1º de esa norma decía: “Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la ley 23.049 (de reformas al Código de Justicia Militar), que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente”.
De los legisladores mendocinos, el entonces diputado Raúl Baglini votó a favor de la ley, mientras que los justicialistas José Octavio Bordón y José Luis Manzano estuvieron ausentes.
En el Senado, los mendocinos le levantaron la mano a la Ley de Punto Final. Fueron José Genoud y Margarita Malharro de Torres (aún no existía el tercer senador por la minoría).
El 8 de junio de 1987, se promulgó la otra ley que hoy es eje de debate: la de Obediencia Debida.
Llevó el número 23.521 y estableció que los oficiales subalternos no son punibles de acusaciones de delitos penales por obrar en virtud de la “obediencia debida”. El artículo 1º de la norma decía: “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10, punto 1º de la ley 23.049 (de reformas al Código de Justicia Militar) por haber obrado en virtud de obediencia debida”.
Pasaron un par de años hasta la próxima movida legal con el fin de “pacificar el país”. El presidente ya no era Alfonsín. Carlos Menem, a los pocos meses de estar el frente del país, firmó cuatro decretos: 1.002, 1.003, 1.004 y 1.005, todos del 7 de octubre de 1989: eran los primeros indultos. Poco más de un año después, en diciembre del 90, los decretos 2.741/90 y 2.742/90 seguían con los indultos, que alcanzaron a Mario Eduardo Firmenich.
El penúltimo capítulo de esta historia tuvo lugar el 26 de marzo de 1998, cuando el Congreso de la Nación derogó ambas leyes.
El capítulo final está desarrollándose. Queda esperar el dictamen de la Corte, que es fuertemente presionada por el Ejecutivo, para saber si las leyes son o no inconstitucionales. De esto depende que los procesos se reabran y centenares de militares marchen hacia un proceso que ha esperado 20 años para completarse.

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