De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

7 de septiembre de 2003

12) Los años en los que la vida valió poco y nada

12) Los años en los que la vida valió poco y nada

Por Rafael Morán / Periodista

Un mediodía de 1978 conocí al teniente coronel Osvaldo Riveiro. Era un hombre pequeño, delgado, algo ampuloso, sin ningún rasgo que lo hiciera sobresalir de otros individuos comunes salvo por su carácter áspero y un ademán hostil que dejaba escapar deliberadamente. Me hizo sentar en su oficina y se dispuso a repasar en silencio una hoja escrita a máquina, sin membretes ni otra identificación: eran mis antecedentes de preso político, los verdaderos y los otros.
Sorpresivamente se paró como impulsado por un resorte y comenzó a golpear sus puños contra el escritorio mientras amplificaba la voz. “¡Los periodistas -dijo- son culpables de lo que ha pasado, cómplices de la subversión!”. Su exaltación podía esperarse en un hombre acostumbrado a mandar sin razón, sobre todo en aquellas circunstancias de absolutismo castrense, pero escondía cierto rencor hacia el mundo intelectual, al que los militares adjudicaban un papel ideológico de respaldo a la guerrilla. Entendí finalmente que sólo buscaba generar impacto.
Era Riveiro un oscuro jefe del destacamento de Inteligencia del Ejército que funcionaba en la esquina de Emilio Civit y Martínez de Rozas. Lo recuerdo ahora por que en él me pareció encontrar un prototipo convencido y obediente de los manuales de la represión, un individuo comprometido con los mecanismos planificados de la dictadura. Pero Riveiro todavía se desempeñaba en las sombras. Alcanzó notoriedad diez años más tarde como “balita”, aparente jefe de inteligencia y operaciones en las Fuerzas Armadas de Honduras.
La oleada de secuestros y crímenes que desató la asonada del 24 de marzo de 1976 fue especialmente cruel en Buenos Aires y Córdoba y a pesar de que Mendoza era dirigida con mano dura por un rústico general, Jorge Maradona, no se produjo la misma matanza masiva o al menos no con la virulencia de aquellas ciudades. Pero hubo aquí no menos de 200 muertos-desaparecidos. Los detenidos se contaron también por cientos. Algunos marcharon al exilio, otros fueron condenados al ostracismo y muchos padecieron la destrucción de sus lazos familiares y de su propia vida.
Esa represión fue justificada como respuesta a las actividades de las Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyos cuadros en Mendoza eran bastante exiguos y por lo tanto tenían un accionar precario y limitado, además de equivocado y del todo inútil. Habían provocado algunas bajas policiales y varios atentados.
La situación se había tensado en 1973 con la llegada a la gobernación de Alberto Martínez Baca, un farmacéutico sencillo y honesto pero sin capacidad para manejar las exigencias desproporcionadas de la Juventud Peronista ( la tendencia revolucionaria) que le había convertido en líder, y de la derecha representada por Carlos Mendoza, el vicegobernador, hombre fuerte de la entonces poderosa Unión Obrera Metalúrgica. Vino la insustancial denuncia por desajustes internos del PJ, el juicio político a Martínez Baca y la intervención de la provincia. El aire político era irrespirable.
Lo peor llegó en octubre de 1975. Las Fuerzas Armadas comunicaron que se hacían cargo de las operaciones policiales del país por imperio de la Ley de Seguridad Nacional y amenazaron a los medios periodísticos con clausuras y arrestos. Impusieron una censura férrea, aunque esto de ningún modo resulta exculpatorio de actitudes ruines en quienes no habían sido obligados a esos extremos.
Empezaron los secuestros en todos los ámbitos, se multiplicaron los robos en las viviendas donde se hacían los procedimientos oficiales con metodología clandestina, se conocieron abusos a mujeres en sus propias casas. Los homicidios se realizaban con una saña nunca vista -recuerdo especialmente la ejecución el 20 de marzo de la profesora Susana Bermejillo de Carrizo y del estudiante Mario Jorge Susso- y la gente detenida era alojada en sitios secretos, como ocurrió con Jorge Bonardell, periodista manso y brillante, a quien mantenían desnudo en una sala del Palacio Policial y lo sometían a indecibles torturas.
Los atentados dinamiteros retumbaban cada noche. El miedo se extendía con una intensidad viscosa sobre militantes sindicales y políticos, artistas, docentes y estudiantes universitarios. Y alcanzaba particularmente a periodistas que comenzaron a denunciar lo que estaba pasando. A esto se refería Riveiro cuando mencionó la “complicidad” de la prensa. Consideraban los militares que esas crónicas dañaban la imagen de las fuerzas armadas y de seguridad, cuando en realidad lo que querían era un campo libre de obstáculos para matar, detener y torturar.
De esa convulsión nacieron el Comando Anticomunista Mendoza, versión local de la Triple A y el célebre Comando Pío XII, creado durante la conducción policial del vicecomodoro Julio César Santuccione, destinado a golpear y asesinar prostitutas. Desde las esferas oficiales se les asignó un origen desconocido. Pero el Pío XII era un grupo con pretensiones místicas como la personalidad del mismo Santuccione y con su misma audacia y temeridad. Mendoza estaba en manos anónimas que dejaban huellas inconfundibles en cada uno de sus actos.
El país ya se encontraba dominado por profundos entredichos en el propio justicialismo y por arrebatos verbales de la oposición. Algunos se expresaban con sesgada justificación de la inminente irrupción de los militares en la conducción del país y otros, como el ex ministro peronista, el mendocino Ernesto Corvalán Nanclares, advertían que la república luchaba “denodadamente por su subsistencia”.
El senador nacional por el Partido Demócrata, Amadeo Frúgoli, sostuvo que un posible golpe castrense “no será fruto de la decisión apresurada de un jefe militar ambicioso sino la coronación inevitable de una situación de caos, anarquía y vacío de poder”.
El diputado nacional justicialista por Mendoza, Arturo Ruiz Villanueva, le contestó: “opositor golpista”. Frúgoli sería ministro de Justicia de la dictadura y ocuparía también la cartera de Defensa durante la guerra por las Malvinas.
El país se desangraba. Se decretó la emergencia económica, la devaluación del peso en un 40 por ciento y un aumento salarial de 20 por ciento. El interventor en Mendoza, general Pedro Lucero, convocó a elecciones generales para el 12 de diciembre en sintonía con las urgencias nacionales para abortar la sedición que despuntaba.
El día del golpe los principales titulares en las páginas locales de los diarios mendocinos se referían al mercado de uvas, a los acuerdos de exploración minera y a los progresos del autódromo de General Alvear. Pero se había desatado una represión demencial con complicidades empresarias y una caterva de delatores.
Supimos con el tiempo cómo había funcionado el esquema de esa represión en Mendoza. Se constituyó un tribunal con sede en el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña que dictaba condenas secretas. Se prefiguró el destino de cada uno de las personas que llenaban las listas negras que los mismos militares confeccionaron. Esas sentencias eran de meses o de años y nadie debía saberlo. No faltaron los arrestos de ablande de personas cuyos parientes directos no eran encontrados. Era un mecanismo desalmado que rompía los moldes conocidos.
Tanta gente murió, desapareció o sufrió largo cautiverio en cárceles donde se la aislaba y golpeaba. Muchos no tuvieron siquiera la posibilidad de un juicio o el conocimiento de una acusación. Recuerdo a Aldo Casadidío, poeta pobre que alumbraba versos en bares y rincones solitarios, periodista nunca nombrado que sobrevivía con un flaco sueldo de la Dirección de Información Pública del Gobierno provincial. Y al chico Santiago Illa, sanrafaelino quien estudiaba periodismo, cuyo rastro encontré en la Penitenciaría provincial a través de un documento de valor indubitable. Fueron asesinados no se sabe por qué ni por quienes. Los jueces no investigaron y luego los culpables quedaron amparados por las famosas leyes del perdón. Pero la memoria se obstina en recordarlos como víctimas de una época en la que la vida valió poco y nada.

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