De qué se trata

Según una máxima del periodismo, una noticia tiene que contestar cuatro preguntas: Qué, Quién, Dónde y Cuándo (What, Who, Where, When). Se trata de la teoría de las cuatro W. Pero si queremos ir más allá, tenemos que responder la quinta W: Por qué (Why). Esa es la idea. Bienvenido.

7 de septiembre de 2003

1) El punto final al perdón

1) El punto final al perdón

Por Cristian Ortega y Rodrigo Sepúlveda / Especial

El persistente reclamo de justicia y memoria que supieron llevar como estandarte las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, parece empezar a tener respuesta. El presidente Néstor Kirchner ha decidido ponerle plazo fijo a la seguidilla de artilugios legales y políticos que una y otra vez, desde 1983, impidieron el juzgamiento definitivo a los responsables de la más atroz represión de la historia del país, comenzada en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
La reciente anulación de las denominadas leyes del perdón, Ley de Punto Final (23.492, del 24 de diciembre de 1986) y Ley de Obediencia Debida (23.521, del 8 de junio de 1987), por parte del Congreso y la presión del Ejecutivo nacional para que la Corte Suprema las declare definitivamente inconstitucionales, indican que todo está encaminado para que los responsables de los delitos más cruentos de nuestra historia política reciente, sean juzgados.
Esta posibilidad, haría que entre 700 y 1.200 militares, casi todos retirados, deban pasar por tribunales ordinarios y responder ante las acusaciones de miles de argentinos que fueron castigados con la tortura, con la persecución o con el dolor de la pérdida de un familiar ultimado sin juicio justo y desaparecido de todo destino.
Kirchner se autodefine como un sobreviviente de una generación perdida. Y, por eso, parece tener la convicción de repasar el pasado.

La historia del Golpe

La madrugada del 24 de marzo de 1976, los militares argentinos, unidos bajo el mando de Jorge Rafael Videla, tomaron el control del país, inmerso en una gran crisis política e institucional por la incapacidad del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
El motivo para dar el golpe, más allá de la versión oficial de exterminar a la guerrilla, devolver la seguridad al país y tomar el timón que la clase política no supo ni pudo manejar, tuvo que ver con la idea de la elite más conservadora de la Argentina de imponer otro modelo de país: excluyente, desindustrializado y abierto al libre mercado, con un sesgo agroexportador.
Claro que para poder imponer semejante plan económico -que recién colapsó en diciembre del 2001-, debía destruir el tejido social que podría llegar a cuestionarlo desde las armas o, más peligroso aún, desde el razonamiento y el debate de ideas.
Fue así que el plan necesitaba de la mano dura de las Fuerzas Armadas para limpiar el camino y dejar actuar con tranquilidad (impunidad) al elegido como comandante del nuevo barco: José Alfredo Martínez de Hoz.
Por esto, las tácticas de terror de la Junta Militar fueron más allá de la persecución de las guerrillas. El sindicalismo, las universidades, activistas religiosos, progresistas y artistas fueron blancos prioritarios de la represión. Estas personas fueron torturadas en centros clandestinos de detención, sus cuerpos fueron cremados en cementerios, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes.
Mendoza, por supuesto, estuvo inmersa en esta lógica del terror y el saldo local de la dictadura es estremecedor: funcionaron unos 10 centros clandestinos de detención, hubo más de 250 detenidos por razones políticas y desaparecieron cerca de 200 personas.

La génesis

La década del 60 fue testigo del crecimiento de los servicios de inteligencia militar y de un aumento del macartismo castrense alentado por la Doctrina de la Seguridad Nacional. Junto con esto se instalaba también la idea, atractiva para algunos, de que la revolución cubana podía ser una alternativa.
La progresiva radicalización de un segmento importante de los estudiantes y trabajadores fue acompañada por un creciente cansancio del pueblo, así como de grandes sectores de las Fuerzas Armadas. Grupos guerrilleros marxistas (ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo) y peronistas (Montoneros) les disputaron a las Fuerzas Armadas el monopolio del poder. Todos estos factores desencadenaron el ejercicio de la violencia política.

En Mendoza

En septiembre del 74, se registraron en nuestra provincia tres grandes atentados con bombas incendiarias. Fueron víctimas de esto las agencias de autos Luján Williams, John A. Walker y Primo Meschini, y la autoría de los ataques fue adjudicada a Montoneros.
Unos días después una bomba estalló en la imprenta Paulos, en calle San Luis al 100, del ex sacerdote Ángel María Quinteros. La sede del Partido Comunista y en el Centro Cultural Israelita, donde iba a dar una charla Oscar Alende, presidente del Partido Intransigente, también sufrieron la violencia en forma de bombas.
Antes del golpe de Estado, en Mendoza la ultraderecha desplegaba sus operaciones a través del CAM (Comando Anticomunista Mendoza), liderado por el vicecomodoro Julio César Santuccione, también jefe de la Policía de Mendoza. El CAM colocó bombas en la casa de varios dirigentes locales de izquierda.
El 1 de enero de 1975 explotó una bomba en la casa del dirigente comunista Benito Marianetti, sobre calle Perú casi Espejo. Era el segundo atentado en menos de dos meses. Ese año nuevo también estalló una bomba en el diario La Tarde, donde se imprimía una revista del SUPE y otra de El Ateneo, De pie junto a Perón.
En diciembre de 1975, las guerrillas de Tucumán habían sido derrotadas, pero el Ejército se negaba a terminar la faena. El 24 de diciembre de 1975, Videla le anunció a la clase política que tenía 90 días para ordenar el país. El plazo se vencía en marzo del año siguiente, más precisamente el 24 de marzo de 1976.
La violencia no cesaba a principios de 1975. El día de Reyes, una bomba estalló en la casa del ex gobernador peronista Alberto Martínez Baca. Durante pocos días fueron colocadas en Mendoza 12 bombas.
La policía realizaba operativos de distinta naturaleza. Algunos eran de averiguación de antecedentes donde se podían detener a 500 personas; otros eran para capturar extremistas.

El 24 a la mendocina

El general Pedro León Lucero, un viejo militante peronista que había sido secretario de Juan Perón cuando el General pasó por Mendoza a comienzos de los 40, era el interventor federal de la provincia.
Lucero fue puesto en el cargo por Isabel Perón. Así recuerda cómo vivió aquella jornada: “A las 11 o 12 del 23 de marzo empezaron a sentirse rumores. Yo era gobernador y casi vivía en mi despacho, en el sillón de San Martín”. Pasado el mediodía, Lucero recibió al vicecomodoro Julio César Santuccione. Este le confirmó que el golpe ya había ingresado en su etapa de ejecución: “Mi general, usted ha sido muy leal conmigo y yo no puedo ser desleal con usted. Mañana a las 4 de la mañana lo van a ir a buscar a su casa y lo van a meter preso”, le dijo. Y agregó: “Va a ir el comandante de la VIII Brigada, el general (Jorge) Maradona y va a ir también el brigadier jefe de Guarnición Aérea. Los dos lo van a invitar muy cortésmente a que vaya al Liceo, le van a invocar razones de seguridad suya porque a las 4 de la mañana más o menos va a haber un golpe de Estado”.
El 24 de marzo del 76 la provincia quedó a cargo del coronel Tamer Yapur.
A partir de ese día, el plan represivo, fríamente calculado, comenzó con más fuerza. La Penitenciaría provincial albergó a más de 250 presos políticos. Los organismos de derechos humanos locales calculan que desaparecieron unas 200 personas. Varios mendocinos fueron secuestrados y llevados a los cerca de 10 centros clandestinos de detención, entre los que se encontraba el D-2; Colonia Papagallos; El Chalecito; la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Campo Los Andes y el Liceo Militar General Espejo.
La Justicia, por su parte, impedía sistemáticamente que prosperaran los recursos de hábeas corpus que interponían familiares para conocer el destino de decenas de mendocinos. A su vez, se detuvo a varios abogados que tramitaban los hábeas corpus, como Haydeé Fernández, Héctor Chaves y Conrado Gómez, este último finalmente desaparecido. Era propietario de los terrenos donde hoy se levanta el coqueto barrio Will-Ri, en Chacras de Coria.

Colaboración civil

El Partido Demócrata fue la agrupación política que más gente le aportó al Proceso de Reorganización Nacional, tanto a nivel provincial como a la gestión nacional. De los gobernadores que hubo durante esos años, Tamer Yapur, Jorge Fernández y Alfredo Ghisani fueron militares, y Bonifacio Cejuela y Eliseo Vidart Villanueva, demócratas. A nivel nacional, Francisco Moyano fue asesor de los presidentes Videla y Roberto Viola. A su vez, el ministro de Defensa durante la guerra de las Malvinas fue Amadeo Frúgoli, otro cuadro del Partido Demócrata.
Años antes, en 1979, jóvenes del PD adhirieron al régimen a través de un documento. Carlos Balter, quien fue secretario del embajador argentino en Colombia, junto a Gustavo Gutiérrez, Gabriel Llano, Andrés Grau y José Rubio, afirmaron por escrito: “La República agonizante del 76 suspiró aliviada cuando las FFAA interrumpieron la constitucionalidad formal. Las circunstancias vividas, los objetivos propuestos, la adhesión lisa y llana que hacen a las Bases Doctrinarias de la propuesta política de las FFAA a la Constitución nacional y sus principios rectores nos comprometen en la tarea de que el Proceso de Reorganización Nacional arribe al éxito”.

El terror

Los secuestros realizados por las fuerzas de seguridad, lideradas por Jorge Maradona, entre otros, mostraron un modus operandi similar. A veces ocurrían en el lugar de trabajo, de noche en casas o en la calle a plena luz del día.
Cuando la persona buscada era detenida en su domicilio, se coordinaba con la policía para que se determinara una zona libre para que los militares realizaran sus tareas sin interrupciones.
Los detenidos generalmente eran llevados al Palacio Policial, en Pedro Molina y Belgrano. Allí, eran encerrados en el D-2, donde se los torturaba e interrogaba. Algunos iban a la cárcel de Mendoza, por lo que eran “blanqueados”, asentados en los libros. Otros no corrían la misma suerte y pasaban a ser “desaparecidos”. De los que llegaron a la Penitenciaría, varios fueron enviados al penal de La Plata.

Quiénes eran

En función de los datos obtenidos de la lista -que aún hoy no es definitiva- de 179 desaparecidos que se encuentra en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, se desprende que 27 por ciento fueron mujeres y 73 hombres. En relación con su ocupación, se posee información de 54 por ciento de los casos. De ese total, la mitad eran trabajadores, un tercio estudiantes y 20 por ciento profesionales. Sobre la edad de los desaparecidos mendocinos se poseen datos de tres cuartos de ellos: 61 por ciento tenía menos de 28 años, 31 por ciento entre 28 y 40 años, y 8 por ciento más de 40.

Benedicto y después

El descalabro económico de la época, gracias a las políticas de la dictadura, hizo que la CGT organizara una marcha nacional contra el régimen militar el 30 de marzo de 1982. En Mendoza, el entonces ministro de gobierno, Alberto Aguinaga, varias veces legislador del PD, indicó que la movilización no estaba autorizada por el Ministerio del Interior y que el manejo de la policía pasaría a las manos del Ejército.
El día de la movilización, un hombre fue asesinado de un balazo en el pecho: se llamaba Benedicto Ortiz. Tres días después, el dos de abril, el gobierno militar tomó las Islas Malvinas, la última de sus aventuras. Al año siguiente, el 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones generales y el 10 de diciembre se constituyó como el día en que se reinstauró la democracia en la Argentina.

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